La nueva tasa de basura ha puesto en jaque a los ayuntamientos de toda España. Desde abril de este año es de obligado cumplimiento y ya no es solo que el servicio de recogida y reciclaje sea más caro, sino la complicación de aplicar la máxima de “quien contamina, paga” que implica la nueva norma de la Unión Europea. Los ayuntamientos de la provincia de Salamanca, a excepción de la capital que ya la está aplicando, se han beneficiado de una moratoria. El Consorcio para la Gestión Integral de Residuos de Salamanca, GIRSA, ha asumido el sobrecoste hasta este 1 de enero de 2026 con el fin de que los ayuntamientos de Salamanca tuvieran tiempo para adaptar sus ordenanzas, pero ese respiro se ha acabado. Tendrán que aplicar la nueva tasa a partir del 1 de enero.
De hecho, estos días la mayoría de los consistorios están aprobando en pleno la modificación de la ordenanza del servicio de recogida de residuos urbanos incluyendo la aplicación de las nuevas tarifas y, muy importante, como la van a aplicar ya que la dificultad en este caso radica en que no se han dado directrices de como aplicar eso de tantos residuos generas, tanto pagas y, ahora, con la fecha casi encima, vienen los problemas.
La aplicación de la nueva tasa supone un incremento en el recibo que paga cada ciudadano de un 30 por ciento aproximadamente de media. Algunos incluso subirán un 50 por ciento ya que muchos ayuntamientos no repercutían el coste completo de lo que les cuesta reciclar a los vecinos y mantenían esta tasa congelada. En esos casos, han sido los propios consistorios los que han asumido los incrementos de los costes año tras año, llegando a casos curiosos como Carbajosa que cobraba a los vecinos menos de la mitad de lo que le costaba el servicio de recogida. El resto se ha pagado con cargo a las arcas municipales. Según su alcalde, el Ayuntamiento recaudaba unos 180.000 euros al año por el servicio y pagaba unos 400.000 euros. En el caso de Guijuelo, en 2024 el Ayuntamiento recaudó 724.000 euros y el servicio costó 900.000 euros, la diferencia la asumió el propio consistorio.
Ahora la cosa cambia. Los Ayuntamientos ya no pueden por ley seguir financiando las subidas y tendrán que cobrar hasta el último euro de lo que cuesta el servicio. El servicio no puede ser deficitario y debe incluir el coste real del servicio, desde la recogida hasta su tratamiento final. Esto no ha gustado mucho a numerosos alcaldes de la provincia de Salamanca que han mostrado su disconformidad y afirmado estar “obligados” a aplicar una tasa que ya no pueden financiar.
Además, los alcaldes ven una dificultad importante a la hora de determinar como se aplica la tasa. ¿Qué tienen en cuenta? ¿la gente que vive en una vivienda? ¿el valor catastral? ¿contenedores de residuos con clave para saber cuanto tira cada vecino?
Pero ¿Cuánto sube el recibo?
El recibo subirá una media de un 30 por ciento a los ciudadanos, sin embargo, en las localidades en las que el Ayuntamiento asumía más coste del servicio, subirá más ya que ahora no podrá hacerlo. Algunos ya han determinado cuando será la subida y otros todavía están en proceso de aprobar la modificación de la ordenanza. Así, por ejemplo, en el pueblo más grande de Salamanca, Santa Marta de Tormes, el recibo subirá 2,89 euros al mes (17,34 euros al semestre) para el 70 por ciento de los contribuyentes, los que tienen vivienda colectiva.
En el caso de Villares de la Reina la subida será de 1,25 euros al mes (8 euros al semestre para las viviendas). En Castellanos de Moriscos la subida es de 0,83 euros al mes para las viviendas (5 euros al semestre) mientras que en Doñinos de Salamanca el aumento será de entre un 40 un 45% al vecino. Macotera ha aprobado una subida semestral de 9 euros.
En el caso de Guijuelo han optado por el aplazamiento de su aplicación para revisar su impacto económico y elaborar un estudio que “garantice una aplicación lo más justa y equilibrada posible”.
Una tasa que ya aplica Salamanca
El Ayuntamiento de Salamanca es el único de la provincia que aplica ya la tasa de basura. Desde el pasado mes de abril los salmantinos han pagado más por el servicio en sus viviendas. Concretamente pagan 11,33 euros más al trimestre para los pisos de 1ª a 4ª categoría, que pasan de pagar 23,41 a pagar 34,74 euros, un 48,4 por ciento más. Por su parte, para los pisos euros de 5ª a 7ª categoría la subida es de 9,59 euros, ya que pasan de pagar 19,82 a 29,41 euros al trimestre, un incremento del 56,27 por ciento.
A pesar de aplicar la subida desde el Ayuntamiento de Salamanca aseguran que están en contra de esta medida que introdujo el Gobierno ya que cambia la configuración legal de la tasa al considerar que no puede ser deficitaria y que hay que vincularla de forma individual al volumen de generación de residuos.
Una tasa que el Ayuntamiento de Salamanca está aplicando atendiendo fundamentalmente al tipo de vivienda. “Tenemos una distribución aproximada, nunca puede ser exacta, ateniendo al tipo de usos o actividades que van asociadas a los epígrafes de la ordenanza. Se aplica la tasa en función del tipo de inmueble y actividad, con un cálculo aproximado del volumen de residuos que se genera por actividad”, asegura el concejal Fernando Rodríguez. La ventaja que ha tenido el Ayuntamiento de Salamanca es que su contrato contiene “un servicio muy profesionalizado, adaptado a la una capital grande” y reconoce que “esto para un municipio es más complicado. Las localidades que no tengan una estructura funcionarial y administrativa potente es muy complejo”, afirma.
