La Plataforma Cuidamos Villamayor ha conseguido una importante victoria judicial en su lucha contra la fábrica de grasas de Doñinos de Salamanca. El Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado el recurso presentado por la asociación vecinal y ha anulado el decreto municipal que legalizaba varias obras realizadas por la empresa SERVCOR LOGISTICS en el paraje Finca Argentina.
La sentencia considera que las instalaciones incumplían las condiciones de la autorización de uso excepcional concedida en el año 2000. En concreto, no se había inscrito en el Registro de la Propiedad la vinculación de los terrenos al uso autorizado y tampoco se respetaba la ocupación máxima permitida de la parcela.
Por este motivo, el tribunal entiende que el Ayuntamiento no podía conceder la licencia de legalización, especialmente cuando conocía que esas condiciones no se estaban cumpliendo. Además de anular el decreto municipal, la resolución obliga al Consistorio a actuar para restaurar la legalidad urbanística.
El fallo también deja claro que no se pueden ejecutar obras sin licencia y pretender regularizarlas posteriormente si no habrían podido recibir autorización antes de su construcción.
Otro de los aspectos destacados de la resolución es la posible repercusión sobre las instalaciones actuales. El abogado de la plataforma advierte de que cualquier intento de regularización tendría que respetar las condiciones de ocupación y retranqueos, lo que podría exigir el derribo de parte de las construcciones existentes.
La sentencia todavía no es firme y tanto la empresa como el Ayuntamiento de Doñinos pueden recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sin embargo, la plataforma vecinal ya ha pedido al Consistorio que no presente recurso, al considerar que supondría utilizar recursos públicos para defender intereses privados.
Desde la asociación celebran el fallo como un triunfo de la movilización vecinal y de la defensa del medio ambiente, la salud pública y la legalidad urbanística. Asimismo, exigen al Ayuntamiento que cumpla íntegramente la sentencia y que no utilice futuras modificaciones de las normas urbanísticas para evitar su ejecución.
