La Corporación municipal de Santa Marta de Tormes ha aprobado este jueves en sesión plenaria el paquete de las ordenanzas fiscales que se mantendrán congeladas por decimotercer año consecutivo, además de la tasa de basura "impuesta por el Gobierno central". El debate ha girado mayoritariamente en torno a la modificación de esta ordenanza que, como explicó Silvia González durante el pleno, la responsable de Economía, “está impuesta por una ley estatal que fuerza a los municipios a repercutir el coste total del servicio a los ciudadanos”.
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Santa Marta se hacía cargo de parte del coste, intentado repercutir lo menos posible a los vecinos en base a la línea de trabajo que se ha seguido en los últimos 13 años que no es otra que “no cargar a los vecinos con subidas, congelar un año más los impuestos y mantener, además, las bonificaciones y todas las exenciones existentes”, como remarcó González. Sin embargo, “nos encontramos con un panorama nacional que no solo nos afecta a nosotros y que nos obliga, en contra de nuestra voluntad, a imponer el coste total de la recogida y tratamiento de basura al contribuyente”.
En este sentido, el equipo de Gobierno quiso resaltar durante la sesión plenaria que “esta ley va más allá de la directiva europea y es un ataque a la autonomía local, ya que obstaculiza el poder de decisión de los ayuntamientos en lo referente a cómo se financia el servicio y los convierte en verdugos de sus ocurrencias”.
En cuanto a la aplicación de la nueva ley, el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, defendió la elección de esta fórmula como la más adecuada ya que el Gobierno central nos la impone pero no nos da la solución ni la fórmula para aplicarla. Mingo ha recordado que, además, los ayuntamientos se convierten en meros recaudadores del estado, ya que lo recaudado “no beneficia en absoluto a las arcas municipales”.
Por otra parte, durante la sesión plenaria también se aprobaron las consiguientes actualizaciones de las tasas de depuración de aguas residuales y suministro de agua potable y alcantarillado, además de ajustes a la normativa en las ordenanzas relativas a los servicios especiales de la Policía Local y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Por último, se ha llevado a pleno una moción presentada por el grupo popular para la retirada o modificación de la ley por la que se rige la subida de la tasa de basura, así como una moción para la ampliación del cuartel de la Guardia Civil y la construcción de las viviendas destinadas a los agentes, una iniciativa que contó con el respaldo de toda la Corporación.
