El consorcio para la Gestión Integral de los Residuos en la provincia de Salamanca, GIRSA, aprobó este martes durante la celebración de su Junta de Gobierno la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del uso y utilización del servicio público de transferencia y tratamiento de residuos urbanos en la provincia de Salamanca y acordó que entre en vigor el 1 de julio.
De este modo, el consorcio Girsa ha querido mostrar su sensibilidad con los ayuntamientos y mancomunidades para que tengan un mayor margen a la hora de adaptarse a esta nueva normativa que marca la legislación estatal. Debido a la nueva ley de residuos, GIRSA está obligada a incrementar la tasa que repercute a los ayuntamientos y mancomunidades aproximadamente en un 25% para ajustarla a la citada ley que exige que la tasa no sea deficitaria y cubra el coste real del servicio de tratamiento y recogida de los residuos.
Por este motivo, el presupuesto de Girsa ya incluyó en su nuevo presupuesto una partida de 2,8M€ destinada a hacer frente al impuesto estatal de vertido y al impuesto estatal de gases de efecto invernadero.
El Consorcio para la Gestión Integral de Residuos de la Provincia de Salamanca cuenta con un presupuesto total que asciende a 10.759.592 euros, para el desarrollo de su actividad relacionada con la gestión de los residuos domésticos.
El Consorcio GIRSA se constituyó entre la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de la capital. Inmediatamente después, se fueron incorporando Mancomunidades y Municipios. En la actualidad la totalidad de los municipios de Salamanca forman parte del Consorcio GIRSA.
