El Ministerio Política Territorial ha concedido a las diputaciones de Ávila, Salamanca, Zamora, Burgos y Segovia ayudas por valor de 2.711.803 millones. Estas subvenciones tienen como objetivo paliar el daño producido por los incendios forestales acaecidos en junio, julio y agosto de 2022. En total 15 localidades de Castilla y León se verán beneficiadas por estas subvenciones. A ellas hay que sumar aquella que las instituciones provinciales de Ávila, Zamora y Salamanca consideren con las aportaciones que se les han asignado.
En el Consejo de Ministros celebrado en 22 de agosto del año pasado acordaba declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil territorios de todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria, Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como consecuencia de los 120 incendios forestales sufridos desde el 12 junio en diferentes zonas de las geografía española
De esta forma, se convocaba una línea de subvenciones cuyo objetivo era la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales.
Los más de 2.7 millones concedidos a Castilla y León se corresponden con ayudas a 15 localidades. Tal y como se publicaba este viernes en el Boletín Oficial del Estado, la Diputación de Ávila recibirá más de 2.1 millones y es la que recibe mayor cuantía de todas. Los ayuntamientos de Cebreros, El Hoyo de Pinares, San Juan de la Nava, Santa Cruz del Valle, Lanzahíta y la propia institución provincial reciben ayudas
La Diputación de Salamanca tiene una asignación de 491.865 euros y le sigue la de Zamora con 57. 320 euros. En Burgos, se le otorga una ayuda de 15.118 euros al Ayuntamiento de Quintanilla del Coco y en Segovia de Torre Val de San Pedro recibirá 2.418 euros.
La diferentes diputaciones provinciales, en su condición de entidades beneficiarias, podrán aprobar instrucciones en la que se concreten el plazo y forma en los que las entidades ejecutorias les deben remitir la información que precisen para asegurar el cumplimiento de las base que regula estas ayudas.
