Vivir en un municipio u otro de Salamanca puede ser la causa de que pagues más o menos impuestos y, en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, la diferencia de lo que pagas al año puede ser del doble. Podemos pensar que los municipios más grandes graban más este impuesto, pero no es así en la práctica ya que depende de cada administración local. De hecho, Ledesma, con sólo 1.500 habitantes, es el municipio con el IBI más alto de la provincia mientras que Santa Marta, que es el municipio con más población lo mantiene casi en el mínimo permitido. Un ejemplo práctico. Si tenemos una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros en la villa ledesmina pagarías al año 850 euros mientras que en Santa Marta solo tendrías que abonar 440.
El IBI lo establece cada ayuntamiento dentro de un porcentaje marcado por el Gobierno. Por tanto, los Ayuntamientos tienen un margen que les permite cobrar entre un 0,4 y un 1,3. La gran mayoría de los municipios de la provincia rondan el 0,50 por ciento (es decir, en el caso de la vivienda de 100.000 euros pagarían unos 500) pero hay algunas cifras que son llamativas.
El IBI más caro de toda la provincia es el de Ledesma. El Ayuntamiento acaba de aprobar una subida del tipo impositivo del 0,70 (ya era uno de los IBIS más altos de la provincia) al 0,85 por ciento. Quince puntos porcentuales que el equipo de Gobierno ha justificado asegurando que necesita hacer frente a la subida de los costes.
Guijuelo es el segundo municipio con este impuesto más alto. En su caso está establecido con un 0,82 por ciento (820 euros por la vivienda de 100.000 euros) y este año no se ha aplicado subida. Villamayor de Armuña tiene el tercer IBI más caro. La reciente subida aplicada ha hecho que este impuesto pase del 0,62 al 0,78 por ciento (serían 780 euros en este caso) y como caso curioso cabe destacar Canillas de Abajo, uno de los pueblos más pequeños de la provincia y con un IBI alto, un 0,77 por ciento, solo un punto menos que Villamayor.
La capital salmantina ha congelado este año su IBI, que se mantiene en un 0,75 por ciento. En Peñaranda ha subido de un 0,65 a 0,69 por ciento, Béjar no ha podido subirlo porque la oposición votó en contra bloqueando la modificación de las ordenanzas y se queda en un 0,66 por ciento y Ciudad Rodrigo lo mantiene en un 0,59 por ciento.
Santa Marta de Tormes, a pesar de ser el municipio con más población de la provincia es una de las localidades que más bajo tienen este impuesto. De hecho, llevan años con el tipo congelado y lo tienen al 0,44 por ciento (es decir, pagan 440 euros al año por la vivienda de 100.000 euros). Castellanos de Moriscos, otro de los municipios del alfoz que más desarrollo tienen lo tiene todavía más bajo, a un 0,40 por ciento, el mismo tipo que muchos de los municipios más pequeños que mantienen los tipos bajos para atraer vecinos como Cordovilla, Mieza e incluso Lumbrales, que tiene la misma población que Ledesma, pero tiene el tipo al 0,45. Villares de la Reina, La Alberca, Villoria, Cabrerizos tienen el tipo al 0,60 por ciento, es decir, 600 euros al año por una vivienda valorada en 100.000 euros. Por su parte Vitigudino tiene el gravamen en un 52 por ciento, castellanos de Villiquera en un 0,56 por ciento, en Aldeatejada, Calvarrasa de Abajo, Calvarrasa de Arriba, Carrascal de Barregas lo tienen en un 0,50 por ciento.
¿Qué es el IBI y cuánto se paga?
El IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) es un tributo anual y de pago obligatorio para los propietarios de todos los inmuebles como viviendas, garajes o locales. Es un impuesto que cobran los Ayuntamientos y, por tanto, son ellos los que establecen la cuantía final. Eso hace que haya mucha diferencia entre lo que pagan unos u otros dependiendo de donde viven.
El IBI se basa en dos valores, el valor catastral y un porcentaje sobre ese valor. El valor catastral es el valor de la propiedad que está recogido en el catastro y no debería superar el 50 por ciento del valor de mercado de la propiedad. Sobre ese valor catastral se establece el IBI. El porcentaje que se aplica para establecer este impuesto depende de cada Ayuntamiento. El Gobierno establece un coeficiente mínimo y un máximo y sobre ese rango se mueven los Consistorios. Actualmente está entre el 0,4 y el 1,3 por ciento. Sobre el ejemplo puesto antes, esto supone un pago de entre 400 y 1.300 euros para una vivienda con un valor de 100.000 euros.
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