La entrada en vigor el próximo 30 de junio de la Ley del Registro Civil aprobada en 2011 supondrá el cierre de la inmensa mayoría de las sedes del Registro que existen en la actualidad, lo que afectaría de manera muy grave a los municipios pequeños.
Así lo viene advirtiendo el PP, que ya ha denunciado que Salamanca podría quedarse sin ninguna de las 362 oficinas si la ley entra en vigor sin adaptación ni modificación. También los Juzgados de Paz dejarían de tener competencias como Registro Civil, algo impensable a día de hoy en la Salamanca rural.
Por eso, el Grupo Popular de la Diputación ha registrado una moción para su aprobación en el pleno en la que se insta al Gobierno de España a aprobar una norma que permita, antes del 30 de junio de 2020, preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito, garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos y, a su vez, aprovechar la experiencia y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo de su llevanza.
La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública. Este reconocimiento inequívoco ha determinado la necesidad de reestructurar la organización y el funcionamiento de una de las más significativas instituciones administrativas del Estado, como es el Registro Civil adoptando un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad política, social y tecnológica de la sociedad española.
La nueva regulación del Registro civil se promulgó el 21 de julio de 2011 por la Ley 20/2011 del Registro Civil, una norma que, por su complejidad y por el cambio radical que conlleva respecto al modelo anterior, ha dificultado su implantación y ha conllevado varios aplazamientos de su entrada en vigor, a lo largo de los últimos años, con excepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación.
Por ello el Grupo Popular de la Diputación considera necesaria la modificación de los aspectos de la nueva Ley en el sentido de las Proposiciones de Ley presentadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y que han sido negociados y consensuados con asociaciones y sindicatos, representantes de los profesionales de la Administración de Justicia, que son los principales actores y que siguen manifestando su preocupación por el hecho de que esta norma no se haya tramitado dada la inestabilidad política del último año.
