El Partido Socialista ha exigido a la Junta y la Diputación una solución para el problema de abastecimiento de agua que ahora mismo tiene en jaque a una veintena de pueblos de Salamanca que no pueden consumir el agua de sus captaciones y sondeos por la presencia de metolacloro. Según Fernando Rubio, esta situación “debería estar solucionada” ya que “el pasado 11 de enero se publicó un real decreto con la calidad de las aguas aplicando varias directivas europeas que cambian los umbrales de plaguicidadas y fitosanitarios”. Un producto que ha llegado al Tormes y que afecta a varios municipios de la comarca de Ledesma cuyas captaciones de agua potable se realizan en el río.
Primero fue Ledesma y después los 16 municipios y sus pedanías que conforman la mancomunidad de aguas Almenara. Al día siguiente, Encinas de Abajo también prohibió a sus vecinos consumir el agua del grifo. El metaclorato en un nivel más alto del permitido (el umbral de contaminación ha bajado del 0,1 al 0,03) les impide beber agua del grifo. Se trata de uno de los productos “más altamente cancerígenos que existe y esta situación no sucede por vertido, sino por el cambio en los umbrales que por el garantismo de la Unión Europea”, asegura Rubio que añade que “el agua pasa de repente a no ser potable, pero durante seis meses no se ha hecho absolutamente nada por parte de la Junta y de la Diputación en un servicio esencial como es el agua, solo han publicado el real decreto”.
Fernando Rubio pide que se ponga en marcha un programa de vigilancia del agua de consumo, con análisis específicos de todos los parámetros como existen en otras provincias.
Por su parte, Carlos García Sierra, vicepresidente de la Diputación de Salamanca, ha asegurado al respecto que ese cambio en el umbral “fue aprobado por el Gobierno de España, que es el que ha bajado estos parámetros que ahora hacen que la restricción sea tres veces más exigentes que con la normativa anterior” y añade que por tanto “el Gobierno ha aprobado una normativa que dificulta mucho el consumo de agua, lo que no ha aplicado es ninguna medida correctora ni las cuantías económicas suficientes para adaptar los sistemas a estas situaciones”.
Además, García Sierra acusa al portavoz del PSOE de desconocer “que la Diputación tiene un servicio básico para la salud de las personas con un sistema de control de agua del consumo humano que hemos tenido que triplicar la cuantía por la entrada en vigor de este decreto. Se han adoptado medidas preventivas con el reparto de depósitos móviles suministrados de agua por los camiones cisterna de la Diputación. Además, tienen el plan sequia a través del que buscamos soluciones técnicas”.
