La superficie arbolada calcinada cayó más del 85 por ciento este año en Castilla y León, con un total de 795 hectáreas quemadas, en un año que resultó “excelente y excepcional” en la Comunidad en esta materia, al contrario que en los ejercicios precedentes, donde predominaron los grandes incendios forestales (GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas, y que en 2023 brillaron por su ausencia.
Así lo resaltó este martes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su intervención, a petición propia del Grupo Socialista, en la Comisión del ramo, para hacer balance de la época de riesgo alto, que concluyó el 17 de octubre, si bien aclaró que esta aún no termina hasta el 31 de diciembre.
El consejero expuso que se han contabilizado unos “números muy favorables”, con 923 incendios, frente a una media de 1.400 en el último decenio (un 34 por ciento menos), entre los que hay fuegos con actuación en otras autonomías, con una superficie forestal afectada de 3.700 hectáreas, frente a una media de en torno a 20.000. Esto se debe, manifestó, a las lluvias, a la responsabilidad de la población y a la eficacia del operativo.
A pesar de que los primeros meses del año el número de siniestros superaba la media de los mismos meses del decenio, a partir de junio, gracias precisamente a esas lluvias, se revirtió la tendencia, manteniéndose así en los meses sucesivos, muy por debajo de los habitual en los meses de junio a octubre, según explicó.
A su vez, las lluvias tempranas de septiembre (la precipitación acumulada de septiembre supera el promedio mensual en un 106 por ciento) han propiciado que la vegetación no haya llegado a niveles de estrés hídrico muy elevados, con la consiguiente disminución en cuanto a la aparición de igniciones y su propagación. Sin embargo, continuó, fue el tercer verano más cálido desde 1913.
La “buena noticia”, calificó Suárez-Quiñones, se une a los conatos, aquellos incendios que se quedan en solo una hectárea o menos, dada la “actuación rápida del operativo”. Así, este tipo de fuegos supuso el 82 por ciento, 14 puntos menos que la media del decenio, lo que constata “números relevantes”, en una Comunidad “montañosa, extensa y con grandes distancias de unos puntos a otros”, en una campaña en que se puesto en marcha el nuevo operativo de extinción y prevención de incendios forestales, nacido de la reforma de los acuerdos del Diálogo Social, suscritos en septiembre de 2022. Este primer año, prosiguió, ha contado con unas “importantes reformas en todo tipo, en estructura, en personal, en medios, en organización, en aspectos normativos que se están cambiando” y que ha conllevado una inversión de 145 millones de euros en 2023, frente a los casi 50 millones de presupuesto de 2015 o 65 de 2022.
Igualmente, la intencionalidad está detrás del 55 por ciento de los fuegos y han bajado ligeramente las causas imprudentes y por descuidos, si bien se han elevado las naturales. Por tanto, llamó la atención sobre la precaución y la concienciación en el futuro.
Pocas declaraciones graves
En cuanto a los niveles de protección, es decir, cuando se dan incendios que afectan a personas, a bienes y a valores distintos a los forestales, “solo se han declarado 13 de nivel (diez de 1 y tres de 2), cuando la media son 30”. Los tres más graves se han producido en San Bartolomé de Rueda (León), Fornillos de Aliste (Zamora) y Arcos de Jalón (Soria).
“Todos los parámetros son favorables teniendo en cuenta que veníamos de una primavera muy seca, una primavera muy seca en pluviosidad y de altas temperaturas, pero afortunadamente las lluvias de junio y después las de septiembre han permitido, junto con la actuación del operativo, tener estos números favorables”, destacó Suárez-Quiñones.
El consejero destacó el descenso del número de incendios en todos los meses de la época de peligro alto, situándose por debajo de la media del último decenio. El mayor número de incendios se ha producido de febrero a mayo, si bien fueron el segundo, el cuarto y quinto los únicos meses en los que el número ha estado por encima de la media de siniestros del último decenio. Así, se invirtió la tendencia a partir del mes de junio (42 incendios frente a 112 de media), manteniéndose durante los meses de verano y hasta la finalización de la época de peligro alto (12 de octubre).
“Han sido meses relativamente tranquilos en que el número de incendios al mes ha estado por debajo de la media del último decenio, destacables son los meses de julio, con 103 siniestros frente a 209 de media, agosto, con 132 incendios frente a 249 de media, septiembre 59 incendios frente a 171 de media y en octubre 46 incendios frente a 77 de media”, comentó Suárez-Quiñones.
Origen de los fuegos
Respecto al origen, el consejero advirtió una disminución del número de incendios por negligencias y accidentes, un total de 231 siniestros, que pasan del 30,16 por ciento de media del último decenio a un 25 por ciento, cifra muy por debajo de la media del decenio, que es de 422 siniestros. Y un incremento porcentual moderado de los que tienen su origen en causas naturales (rayos), un total de 83 (120 de media). Se mantienen en la media los originados con intencionalidad, 514 incendios provocados de forma intencionada, el 55,69% del total.
Como es habitual, el oeste de la Comunidad concentra el mayor número de incendios forestales y superficie quemada, con el 64,6 por ciento de los fuegos (104), dos de cada tres hectáreas quemadas (2.249) y el 80 por ciento de la arbolada (635 hectáreas) en las provincias de León, Salamanca y Zamora, “provincias a las que se añaden un año más la de Ávila, con 101 incendios y 560 hectáreas, y Burgos, con 99 y 412 hectáreas.
Operativo “más fuerte”
En cuanto al operativo, manifestó que, en su máximo nivel de despliegue, durante la época de peligro alto, ha estado integrado por 4.715 efectivos profesionales forestales (3.411 de personal público y 1.304 de empresas privadas), con un incremento de 175 efectivos respecto a 2022. A ello sumó el consejero 34 medios aéreos ubicados en la Comunidad (22 helicópteros y un avión, más cinco helicópteros y seis aviones del Ministerio) a los que se suma el resto de medios aéreos del Estado con despliegue nacional.
Además, se contabilizan 209 cuadrillas, terrestres y helitransportadas; 325 autobombas (192) y vehículos Pick-up (133); 37 bulldozer y tractores de cadenas para ataque de incendios y repaso de cortafuegos (una más en Salamanca) y 271 puestos y cámaras de vigilancia.
“Estos medios personales y materiales garantizan un operativo convenientemente dotado”, ensalzó el consejero, quien recordó que en la campaña 2023 se han introducido “importantes” mejoras del personal, en cumplimiento del acuerdo en materia forestal del Diálogo Social para la mejora del operativo, 2023-2025, suscrito con los agentes sociales el 27 de septiembre de 2022. “Ni el operativo era tan malo antes ni ahora es tan extraordinario”, comentó Suárez-Quiñones, quien denunció que los medios aéreos han disminuido por parte del Miteco desde 2021 y 2022 y afeó que el personal y los medios “son los mejores a pesar de la financiación autonómica que penaliza a Castilla y León”.
También sostuvo que la actualización del marco normativo y de planificación del operativo recoge un convenio colectivo para el personal laboral de la Administración regional, en vigor desde el pasado 1 de julio; un nuevo Infocal, en información pública, y la tramitación del Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023 y 2024, “sin que el Gobierno de España cumpla con dictar el Real Decreto que contenga las directrices y criterios comunes precisos para su elaboración”.
Suárez-Quiñones enumeró también algunas de las mejoras del personal de dirección y de la labor de los puestos y centros de mando, del personal laboral operacional, de extinción o de vigilancia y del resto de medios e instalaciones y maquinaria.
En síntesis, cerró el consejero, este “importante incremento” de presupuesto va a cargo de una financiación autonómica por “personas, injusta, insuficiente e históricamente una afrenta contra el mundo rural y contra Castilla y León”. “Mantener este operativo le cuesta a cada castellano y leonés más que a ningún otro ciudadano de otra comunidad”, afeó Suárez-Quiñones”.
