Treinta ayuntamientos de la provincia de Salamanca jamás han trasladado las liquidaciones de sus presupuestos al Consejo de Cuentas, a pesar de su obligación de hacerlo desde la creación del órgano fiscalizador autonómico en el año 2003. En concreto, se trata de Agallas, Aldehuela de Yeltes, Arcediano, El Campo de Peñaranda, Cantaracillo, Doñinos de Ledesma, Encina de San Silvestre, Garcibuey, Gejuelo del Barro, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Monsagro, La Orbada, Pajares de la Laguna, Pastores, Sanchón de la Ribera, Sanchotello, Los Santos, Serradilla del Arroyo, La Tala, Tardáguila, El Tejado, Trabanca, Valero, Valsalabroso, Ventosa del Río Almar, Villanueva del Conde, Villar de Gallimazo, Villar de Samaniego, Villaseco de los Gamitos y Villasrrubias.
La casuística aludida para no rendir cuentas es muy variada y el Consejo está llevando a cabo una serie de encuestas en municipios de más de 1.000 habitantes para conocer los motivos por los que las diferentes entidades locales no han presentado sus estados. Entre los problemas aludidos está la falta de continuidad de interventores o vacantes en dicha plaza, dificultades de índole informática y hasta falta de tiempo, según pudo saber Ical de boca de primeros ediles de estos municipios incumplidores.
En datos absolutos, el mayor número de municipios que no han presentado sus cuentas nunca al Consejo, se registra en la provincia de Zamora, 33, seguida por Burgos y Salamanca, 30 en cada caso, Segovia, 25, Soria, 21, León, 13, Valladolid, once, Ávila, nueve, y Palencia, ocho. Ante estas cifras, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, que ha recorrido la Comunidad para exhortar a los municipios a cumplir con sus obligaciones frente a la institución que dirige, celebrará un encuentro en septiembre, para intentar abordar y solucionar los problemas con los que se encuentran o aluden los municipios que no cumplen. Asimismo, reclama la potestad sancionadora para poder penalizar a aquellos ayuntamientos que jamás han rendido cuentas. Actualmente, sólo el Tribunal de Cuentas está facultado para reprender la actitud de quienes no han sido transparentes con multas que oscilan entre los 60 y los 900 euros. Por este motivo, Encabo también reclama una adaptación de esas cantidades a los nuevos tiempos.
