El 97% de la población considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión, según un estudio realizado en el marco del proyecto 'LIFE Guardianes de la Naturaleza'. Con el fin de conocer la percepción de la sociedad sobre los delitos contra el medio ambiente, la entidad realizó en el mes de junio una encuesta a un total de 700 personas de todo el territorio nacional a través de un sondeo telefónico que dio lugar a un estudio que se ha dado a conocer esta semana.
Así, el informe refleja que los españoles identifican, como delito ambiental, al fuego por encima de cualquier otra conducta. Según los resultados de la encuesta, el 37,3 por ciento de los entrevistados considera que las imprudencias ante los incendios forestales también tendrían que suponer penas de prisión.
Por otro lado, el estudio indica que un 70,8 por ciento de las personas (un 6 por ciento más que en 2019) considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que los incluidos en el Código Penal, y el 18,8 por ciento considera este delito "más importante".
En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales, el informe de SEO/BirdLife estudia tres bloques distintos: los recursos de las instituciones, la gravedad de las penas de los delitos y la concienciación. Entre las cuestiones más valoradas por la ciudadanía, se encuentran las relacionadas con la sensibilización y concienciación, seguido de la mejora del funcionamiento de la justicia y del aumento de las penas.
De este modo, según la entidad, el 31,2 por ciento considera "necesarias" las medidas de concienciación para avanzar en la lucha contra los delitos ambientales; mientras que el 15,5 por ciento opina que son "necesarias" principalmente medidas de aumento y especialización de los profesionales y de los recursos necesarios para abordar este tipo de delincuencia.
El coordinador de 'LIFE Guardianes de la Naturaleza' y responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega, comenta que "el alto número de incendios, la labor de difusión y denuncia de diversas entidades y la amplia acogida en los medios de comunicación de este tipo de agresiones ambientales, contribuye a su conocimiento".
Asimismo, Bodega señala que estos resultados de la encuesta demuestran que "las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge el Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos".
