El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha condenado al veterinario de la Junta de Castilla y León, J.M.M.G., acusado de un delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos. En concreto, ha sido sancionado con siete meses de inhabilitación así como al pago de una multa por ejercer de manera privada vacunaciones contra la rabia e instalaciones de microchips en animales domésticos y rehalas desde 2010 a 2014 mientras actuaba como funcionario del Gobierno regional en Guijuelo. Por ello, el Ministerio Fiscal pedía la inhabilitación por tres años y medio para empleo o cargo público, así como una multa de 3.600 euros.
En la vista celebrada, sin embargo, el acusado negó que hubiera cometido ningún acto delictivo ya que, además, conocía que no tenía compatibilidad para actuar de manera privada en estos casos. De hecho, alegó que acudía, en ocasiones, acompañado de otros veterinarios que eran los que realizaban la vacunación ya que él era el nexo. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones, en el pasaporte en el que se registran las actuaciones acometidas en estos animales, en su mayoría perros, aparecía su sello acompañado de números que no se correspondían con su número de colegiado, sino el de otros veterinarios que han declarado en calidad de testigos.
Esto, ha alegado, se puede deber a la comodidad para los clientes ya que él residía cerca de estos. De esta manera, se llevaban los pasaportes y él los entregaba y recibía el dinero por lo que, en aquellos en los que no apareciera el sello, se lo ponía él mismo. A pesar de esto, él mismo declaró que a él no le pagaban, algo que negaron todos los testigos. Los otros veterinarios, a los que les correspondía el número de colegiado en el pasaporte, además, comentaron que la práctica habitual era sellarlos en el mismo momento de la vacunación y no llevárselos para hacerlo posteriormente. Solo en casos particulares y de confianza, continuaron, se puede hacer esta práctica. Sí confirmaron, sin embargo, que acompañaban a J.M.M.G. a instancias de este en estos trabajos.
La denuncia
La defensa puso mucho interés en quién había interpuesto la denuncia, aunque el Ministerio Fiscal le restó importancia. Se coincidió en que todo comenzó cuando llegó un pasaporte al Colegio de Veterinarios con el posible hecho delictivo ya que el sello no coincidía con el número de colegiado. A raíz de ello, se puso en conocimiento de la Junta de Castilla y León que, a su vez, se lo comentó a la Guardia Civil. Esta inició la investigación que le llevó a comprobar que la práctica del sello con otro número de colegiado se había producido en varias ocasiones.
Uno de los testigos, de hecho, declaró que no debería ser una práctica habitual y que no puede realizarse el rellenar de dos veces el pasaporte de manera que alguien ponga su número y otro el sello. A pesar de ello, alegó no saber cómo podría haberse hecho el veterinario con las vacunas y electrochips ya que no están al alcance de todos y se debe dar de alta en el Colegio.
