La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a dos hombres a un año y tres meses y a tres años de prisión, respectivamente, por defraudar un importe de 1,13 millones de euros a Hacienda mediante la emisión de facturas falsas. Los hechos se remontan a 2014, cuando el propietario de una empresa dedicada a la compraventa de aceites reciclados de la localidad charra de Carbajosa de la Sagrada eludió el pago de impuestos a través de estas facturas, contando con la ayuda del administrador de la sociedad.
Según recogió la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, la empresa realizó “compras ocultas, no declaradas ni registradas en el mercado negro”. Así, la sociedad no disponía del IVA soportado para declarar “al no haberse emitido las pertinentes facturas por los proveedores de mercado negro correspondientes al producto recibido de esa forma irregular”. Debido a que la empresa tenía un “considerable volumen” de IVA repercutido por el producto vendido, pero “mucho menos IVA soportado que deducir”, el facturero decidió comprar facturas falsas para aumentar la cuota de IVA soportado y así corregir la cuota tributaria que resultaría a pagar a la Hacienda Pública.
De esta forma, emitieron dichas facturas de manera formal por sociedades meramente “instrumentales o interpuestas”, creadas y administradas por el dueño de la empresa, que no se correspondían con entregas reales de mercancías, ni de depósitos ni transportes de productos. Además, las entidades emisoras no tributaron de forma efectiva por estas supuestas ventas, detalló la sentencia.
Por todo ello, el fallo de la Audiencia Provincial de Salamanca recoge una pena de un año y tres meses de prisión al dueño de la empresa por el delito contra la Hacienda Pública con el delito continuado de falsedad en documento mercantil, y una multa de 284.665 euros. Por su parte, el facturero fue acusado a tres años de prisión por delito contra la Hacienda Pública, en concurso ideal medial con el delito continuado de falsedad en documento infantil, además de a una multa de 227.732 euros. Además, la empresa, como persona jurídica, fue acusada de un delito contra la Hacienda Pública por lo que tendrá que abonar una multa de 284,665 euros.
Por último, los dos condenados y la empresa como persona jurídica deberán indemnizar de manera “conjunta y solidaria” a la Agencia Estatal de Administración Tributaria con 242.070 euros, debido a los intereses generados durante los seis años de inspección del suceso. La sentencia admite, no obstante, recurso de apelación por parte de los acusados.
