El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de un año y once meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca a una cuidadora como autora de un delito de estafa mediante el uso de una tarjeta bancaria.
Este tribunal considera acreditado que la mujer aprovechó el acceso a la tarjeta y el conocimiento de su número PIN para retirar dinero de la cuenta bancaria de una anciana de 97 años a la que cuidaba en Salamanca. Los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2022 y las extracciones acreditadas alcanzaron los 3.300 euros.
La acusada había sido contratada entre septiembre y octubre de 2021 para atender a la mujer en su domicilio, con un horario de lunes a sábado de 9:00 a 11:00 horas. Entre sus funciones también estaba acompañarla en sus desplazamientos habituales, incluidas las visitas a las entidades bancarias.
Según recoge la sentencia, la cuidadora conocía el número PIN de la tarjeta de Unicaja Banco de la anciana y la utilizó sin su consentimiento para realizar diez reintegros en distintos cajeros automáticos. Las operaciones se produjeron entre el 19 de mayo y el 10 de julio de 2022 y oscilaron entre los 100 y los 500 euros.
Las grabaciones y los testimonios, claves para la condena
La resolución del alto tribunal llega tras desestimar el recurso presentado por la cuidadora, siendo determinantes para la decisión las grabaciones de las conversaciones entre la acusada y las personas del entorno de la víctima.
En ellas, la cuidadora reconocía haber utilizado la tarjeta y su correspondiente PIN para realizar algunas extracciones, aunque justificaba que lo había hecho con el conocimiento de la anciana para reponer cantidades de dinero que esta había extraviado previamente.
Sin embargo, el tribunal considera que esta explicación carece de verosimilitud, ya que no se aclaró qué había ocurrido con las cantidades retiradas. Además, las manifestaciones recogidas en los audios contrastaban con la negativa de la acusada durante el juicio a reconocer que hubiera realizado extracciones de dinero de la cuenta de la mujer.
También tuvo relevancia el testimonio de la responsable del centro de yoga al que acudía la anciana, que aseguró haber visto cómo la cuidadora utilizaba su tarjeta bancaria para abonar una cuota y marcaba personalmente el número PIN. A ello se sumaron las declaraciones de familiares, otras personas que atendían a la mujer y agentes de la Policía Nacional, además de la documentación bancaria.
La defensa había recurrido la condena alegando una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y errores en la valoración de las pruebas. Entre otros argumentos, sostenía que no existían grabaciones de los cajeros ni identificaciones visuales que permitieran atribuir directamente las extracciones a la cuidadora.
El TSJ, sin embargo, considera que los testimonios, las pruebas documentales y las grabaciones constituyen elementos suficientes para mantener la condena. Los magistrados también señalan que la ausencia de imágenes de los cajeros no impide llegar a una conclusión condenatoria cuando existe un conjunto de indicios acreditados y valorados de forma razonada.
La sentencia distingue, además, estas operaciones de otros movimientos bancarios de cantidades superiores que también fueron objeto de investigación. En esos casos no quedó suficientemente acreditado que la cuidadora hubiera realizado las extracciones o se hubiera apropiado del dinero, por lo que fue absuelta de esos hechos.
De esta manera, el alto tribunal autonómico confirma íntegramente la resolución de la Audiencia Provincial de Salamanca, que condenó a la mujer a un año y once meses de prisión y al pago de una indemnización de 3.320 euros a los herederos de la víctima. Las costas del recurso de apelación han sido declaradas de oficio.
