Según recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron cuando a Guardia Civil tuvo indicios que afirmaban que D.B.A., agente del Instituto Armado en aquel momento en el Puesto de Alba de Tormes, podía estar haciendo uso indebido de su trabajo, pasando presuntamente información de investigaciones a los familiares de su pareja y relacionándose con delincuentes. Por todo ello, el grupo de Inteligencia de la Benemérita solicitó la pertinente intervención telefónica del acusado y la instalación de un dispositivo GPS en el coche.
A través de este intenso seguimiento se pudo descubrir que D.B.A. había ideado un asalto a un empresario en una vivienda de la Gran Vía, robo con violencia que fue juzgado en 2018; y la relación del agente investigado con un grupo de ciudadanos de origen árabe que presuntamente se dedicaba al tráfico de estupefacientes y drogas tóxicas. Así, D.B.A., haciendo uso indebido de su condición de Guardia Civil, mantenía conversaciones en clave con los demás acusados vía teléfono móvil, hablando de "placas", "menta", "tornillos", "pasteles" o "zapatillas".
Y como no le constaba a los encargados de la investigación que estos sujetos trabajasen en jardinería, mecánica o pastelería; se procedió a realizar el 27 de enero de 2017 diversas entradas y registros en viviendas del grupo, en el que se encontró una cantidad cercana al kilo de hachís que habría costado 6.000 euros en el mercado ilícito, así como resguardos de pago de dinero y libros de contabilidad del tráfico de drogas.
El acusado hacía la vista gorda y no perseguía a los delincuentes
Gracias a las grabaciones también se pudo saber que D.B.A. presuntamente hacía la vista gorda y no perseguía a delincuentes que se encontraban en busca y captura, a los que de sobra conocía. También, que aconsejaba realizar recorridos alternativos a aquellos que se dedicaban al tráfico de drogas para que no les pillaran en controles de tráfico e incluso a algunos consumidores les recomendaba comprar la mercancía que él tenía porque era mejor.
En una de esas conversaciones, realizada con una tal Patri, ella le decía presuntamente que el perro "le había marcado" pero que no le habían pillado porque llevaba la droga "escondida en la vagina".
Los seis ciudadanos de origen árabe (M.A., M.F., I.B., N.F., O.M. y R.S.) se enfrentan a una condena de dos años de prisión y al pago de 9.000 euros por un presunto delito contra la salud pública.
El agente de la Guardia Civil, por su parte, podría ser condenado a 2 años de cárcel y de inhabilitación por un presunto delito de omisión del deber, y a otros 2 años de prisión e inhabilitación de 5 años por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
