Salamanca figura como uno de los destinos utilizados en la gestión interna de un caso de abusos dentro de la Iglesia católica, tal y como revela un artículo de El País.
Los hechos tuvieron lugar entre 1997 y 2003 en Tenerife, años durante los que la víctima sufrió abusos continuados por parte de un sacerdote, quien aprovechaba las confesiones para realizar, entre otras cosas, tocamientos.
Aunque los hechos fueron denunciados inicialmente ante catequistas y el obispo Felipe Fernández, la diócesis ignoró el caso, no informó al Vaticano, pese a la obligatoriedad de las normas desde 2001, y la comunidad parroquial terminó señalando y hostigando a la familia del menor.
De acuerdo con el testimonio, el cura acusado fue trasladado a Salamanca durante aproximadamente un año. Este periodo fue descrito como una etapa de “reciclaje”, una expresión que alude a prácticas históricas dentro de la Iglesia consistentes en apartar temporalmente a religiosos señalados por este tipo de conductas, sin necesariamente activar procedimientos judiciales o disciplinarios transparentes.
No fue hasta 2014, tras una nueva denuncia de la víctima ya adulta, cuando el obispo Bernardo Álvarez abrió un proceso canónico. Sin embargo, el procedimiento se interrumpió estratégicamente al permitir que el agresor solicitara la dispensa para dejar el sacerdocio por voluntad propia. Esta maniobra evitó que el cura fuera juzgado formalmente, mientras la Iglesia continuó negando al afectado el acceso a la documentación de su propio expediente.
El traslado a Salamanca no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio de actuación. Durante décadas, distintas diócesis recurrieron a cambios de destino como mecanismo para gestionar internamente las denuncias, evitando en muchos casos la exposición pública o la intervención de las autoridades civiles.
