La Audiencia Provincial acoge este miércoles el juicio contra dos hombres acusados de actuar coordinadamente en un entramado dedicado al tráfico de drogas desde diferentes puntos de Salamanca. La investigación que permitió desmantelar la trama, desarrollada por la UDYCO, culminó con dos registros domiciliarios, en junio de 2025, en los que se intervinieron cocaína, cannabis, ketamina y MDMA, entre otras sustancias.
En el banquillo se sentarán A.G.C. y J.V.R.F., para quienes la Fiscalía solicita más de 7 años de prisión.
Más de 32 kg de droga intervenidos
Los agentes actuaron en una vivienda situada en la avenida de Portugal y en otro inmueble de la calle Gran Capitán, donde localizaron importantes cantidades de diferentes sustancias estupefacientes.
Las pesquisas del grupo de la UDYCO, adscrito a la Brigada Provincial de Policía Judicial, permitieron localizar en el primero de los domicilios 63,24 gramos de cocaína, 148,46 gramos de cannabis, 8.433,33 gramos de resina de cannabis, 258,97 gramos de MDMA, 12,90 gramos de ketamina y 6,73 gramos de anfetamina. También hallaron dinero en efectivo, dos básculas de precisión y material para preparar las dosis de cara a su venta y distribución.
En el segundo inmueble, donde se encontraba J.V.R.F., los agentes encontraron 22.008,84 gramos de resina de cannabis, 308,54 gramos de cocaína, 490,63 gramos de ketamina, 923,48 gramos de MDMA y 6,28 gramos de cannabis. Allí también había instrumentos de pesaje.
Más de 820.000 euros en multas
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, con la agravante de notoria importancia por las cantidades intervenidas.
Para A.G.C. solicita siete años y seis meses de prisión y una multa de 746.000 euros. En su caso, aprecia una atenuante de drogodependencia, al considerar que era consumidor de cocaína y cannabis. Cabe destacar, además, que el acusado permanece en prisión provisional desde el 20 de junio de 2025.
Para J.V.R.F. , por su parte, el Ministerio Público reclama siete años y tres meses de cárcel y una multa de 74.600 euros. En este segundo caso, no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
