Un mes y medio después del inicio del juicio contra tres hombres acusados de estafar a varias empresas cárnicas de la zona de Béjar y Guijuelo, J.C.A., E.P.B., y M.D.L.V.A., se ha reanudado este miércoles con los informes de las partes y las conclusiones finales, que todos han mantenido. De esta manera, el Ministerio Fiscal sigue pidiendo cuatro años de prisión por un delito de estafa continuada con el agravante específico de defraudación, así como el pago de la cantidad estafada, por encima de los dos millones de euros según han considerado acreditado. Todos los acusados tienen antecedentes anteriores por estafa y, además, hay un cuarto acusado, J.A.C., que se encuentra en búsqueda y captura después de no presentarse en la Audiencia en otras ocasiones hasta tener que haberse suspendido en tres ocasiones en los últimos años.
Los hechos se remontan a 2007 cuando el cabecilla de la trama, en paradero desconocido, se ganó la confianza de las presuntas víctimas de la estafa con compras menores de jamones y embutidos que sí pagaba a través de una sociedad creada presuntamente para ello pero, posteriormente, ampliaría el montante de esas compras que pagaría a través de pagarés que no eran cobrados, en lo que es conocido como el timo del nazareno. Los productos estafados los vendería después a un precio menor del de mercado.
Al menos esto es lo que han considerado acreditado Ministerio Fiscal y acusación particular. El primero ha afirmado que se dan todos los factores para que se dé el delito después de que el cabecilla, a través de su sociedad, aparentara solvencia para ganarse la confianza de diversas empresas cárnicas de la zona de Béjar y Guijuelo a través de otras sociedades en las que aparecían como administradores únicos las personas acusadas que, según el Ministerio Fiscal, contienen una deuda global de 3,8 millones de euros con la primera.
Esto ha concluido debido a los tiempos de creación de las sociedades, su capital social reducido y la desproporción entre esto y el volumen de negocio que soportaban. También consideró probado, a través de la declaración de los testigos, de que posteriormente se vendían los productos a un precio más bajo del que marca el mercado. Más aún cuando esta mecánica fraudulenta ya ha sido empleada por los acusados en otros hechos no objeto del juicio pero por lo que ya han sido condenados en otra ocasión. De hecho, consideró a alguno, como a E.P.B., un profesional, con dos penas por apropiación indebida y tres por estafas.
Sobre él comentó que lo que le adeudaba a la sociedad del cabecilla eran más de dos millones de euros en muy poco tiempo. Además, le calificó como un socio muy ligado a este y con relación con los demás en una oficina de la calle General Yagüez de Madrid, algo que negaron estos en la vista que comenzó el 20 de diciembre. El caso de J.C.A. es similar y le calificó como el testaferro de esta trama ya que prestaba su firma a pesar de no saber apenas ni leer ni escribir. "Firmaba todo a cambio de una retribución ridícula", comentó según lo declarado por el acusado. Por ello, aseguró, se trata de una pantalla jurídica utilizada para defraudar que "no puede desconocer" y por el que finalmente dejó a deber 1,3 millones de euros. En el último de los casos, en prisión por hechos similares, M.D.L.V.A., su deuda ascendía a los 300.000 euros y su sociedad aparecía en pagarés endosados que finalmente no se podían cobrar.
Sobre la responsabilidad civil, la acusación la cifró en casi dos millones y medio de euros a las diferentes empresas y personas físicas. De esta manera, al que más se le adeuda es a uno de los querellantes, imputado por la misma causa en el Juzgado de Madrid por ser intermediario entre el presunto cabecilla y las empresas, por encima del millón y medio. A las otras tres empresas querellantes, lo que se le adeuda por parte de los acusados se cifró en cifras cercanas a los 50.000 euros, si bien este podría ser más amplio ya que el mismo intermediario también les adeuda cantidades aunque, según declararon durante el juicio, le creyeron ya que "es una catarata, si a uno no le pagan, a los otros tampoco".
Alegaciones de la defensa
La defensa de los acusados afearon la conducta de los querellantes y la falta de pruebas documentales. De hecho, anunció una posible nulidad por la falta de seguridad jurídica a los acusados al tener en cuenta que uno de los querellantes, intermediario entre las empresas presuntamente estafadas y el también presunto cabecilla de la trama, esté imputado en una causa similar que lleva el Juzgado de Instrucción número Uno de Madrid. De hecho, alegó que podría ser él la persona socia de este cabecilla, desaparecido, y no otro damnificado, aunque le adeudan más de millón y medio de euros.
Esto es así, dijo, ya que era extraño que una vez que se endeudó con más de 200.000 euros después de un concurso de acreedores de otra empresa, volviera a caer en las mismas circunstancias con esta sociedad pese a acabar de conocer a su administrador concursal. Más allá de esto, en la sociedad que encabezaba apenas había capital y la única forma de pagar que tenía era a través de su patrimonio por lo que consideró anormal que llegara a endeudarse con estas cantidades antes de tener que acometer un concurso de acreedores, incluso antes de que vencieran algunos de los pagarés con los que se le pagaban.
De hecho, la defensa calificó la jugada de ser primero imputado por esta causa, declarar como tal y luego reunirse con el resto de empresas e instarles a denunciar a otra persona como una jugada para intentar librarse de la condena. Además, se refirió también a estos pagarés y las supuestas deudas contraídas a través de las entregas de los embutidos, de los que no hay constancia de manera documental.
También criticó que se utilizara como prueba en los informes por parte de la acusación la única declaración judicial que ha realizado el presunto cabecilla de la trama al no formar parte de este juicio por no estar presente y considerarlo poco creíble, así como de referirse al informe de los administradores concursales de su sociedad cuando podría ser igual de válido el que realizó este intermediario, querellante en este juicio, al cual le fue requerido pero no se acabó entregando.
Primeras sesiones
Los acusados, en el primer día, nnegaron cualquier tipo de implicación con el ausente más allá de los negocios que pudieran tener entre las propias empresas, aunque alguno de los damnificados sí encontraron relación. De hecho, dos de ellos declararon que, en alguna ocasión, sí habían escuchado hablar al intermediario o, incluso, al presunto cabecilla, de E.P.B. y M.D.L.V.A., cuya empresa aparecía en alguno de los pagarés entregados.
Sin embargo, los tres hombres acusados aparecían como administradores de alguna otra sociedad que uno de los testigos, el que inició la querella también presente en otros juzgados de España como Madrid o Jaén, no dudó en calificar de un "carrusel de empresas ficticias o pantalla" bajo el abrigo de otra en la que el administrador y único socio era J.A.C. En el registro mercantil, eso sí, todas las sociedades aparecen como independientes.
La denuncia, de hecho, en un primer momento fue contra este presunto cabecilla y otro hombre que en esta ocasión ha declarado como testigo al sobreseerse la causa contra él, a pesar de que también debe dinero a varias personas físicas y jurídicas, siempre actuando de intermediador del primero. El montante de dinero total que se adeuda es superior a los dos millones y medio de euros, repartidos entre varias empresas.
Durante el segundo de los días, fue el turno de otros dos testigos, que aseguraron que siempre han tratado de forma directa con el acusado no presente y con un intermediario de este que, a pesar de estar imputado en un primer momento, también inició una querella contra estos junto al resto de denunciantes. De hecho, él mismo declaró en la primera sesión como testigo como presunto estafado, como así lo han considerado los dos testigos que han declarado.
Sin embargo, la duda surge con los tres acusados presentes, todos administradores de sociedades que un testigo en la primera sesión calificó como "ficticias o pantalla". Los testigos en la segunda vista también han declarado que los nombres de estas sociedades y de los administradores los asocian al presunto cabecilla de la trama. Incluso, aseguraron que habían visto a los acusados presentes en la sala cargando productos cárnicos que habían sido comprados anteriormente y que en los pagarés que luego no se podían cobrar aparecían endosados los nombres de estas empresas.
Por otro lado, también afirmaron que si la cuantía de los pagos que se les adeudaba aumentaba era porque no había tiempo suficiente entre el cobro del pagaré y el nuevo pedido. De hecho, las cantidades que piden son, entre ambas, superiores a los 100.000 euros de manera directa al principal acusado aunque ambos aseveraron que la cuantía era mayor, casi siempre porque era el intermediario al que también consideran como estafado, el que les debía pagar. "Es una catarata, si a uno no le pagan, a los otros tampoco", declaró uno de ellos.
