El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó una pena de prisión de tres años a un hombre que estafó 84.700 euros en una compra venta de 800 cerdos en la campaña 2017-2018 en Salamanca. El juzgado desestimó así el recurso interpuesto por la defensa del condenado a fecha de 20 de noviembre de 2023 por la condena establecida por la Audiencia Provincial de Salamanca.
Los hechos se remontan al mes de octubre de 2016, cuando el condenado, una “persona conocida en el sector porcino” por su vinculación a una empresa “líder en el sector”, concertó operaciones de venta de cerdos propiedad de un tercero con el hijo del propietario de otra empresa del mismo ámbito. Según recoge la sentencia a la que tuvo acceso Ical, antes de aceptar la operación, “que parecía ventajosa para el comprador”, tuvieron la oportunidad de examinar los cerdos en una finca propiedad de un ganadero junto a un tercero donde los empleados le “conocían y trataban con familiaridad al acusado”.
Para realizar la operación, el condenado se sirvió de un contrato en el que no tuvo “participación alguna” el propietario del ganado, y cuya firma fue estampada “bajo la mención de vendedor”, que no se le pudo atribuir, lo que generó así una “apariencia legítima de que tenía capacidad de disposición de unos cerdos para la campaña”.
Tras aceptar el trato, donde la víctima tenía “el convencimiento de que el acusado tenía la disponibilidad sobre esta partida de cerdos”, abonó un importe de 84.700 euros más IVA por la compra de los animales, una cantidad que no llegó a entregar nunca al propietario de los animales.
Con anterioridad a que venciera la fecha de entrega de los cerdos, el acusado acudió el 26 de abril de 2017 a un despacho de abogados junto al estafado y a su hijo donde reconoció la deuda de 84.700 euros por la estafa. Allí se le obligó a pagar bajo un calendario de pagos aplazados, “sin que hasta la fecha haya restituido cantidad alguna”, ni hiciera la entrega de los cerdos, motivo por el que se formuló una denuncia el 20 de marzo de 2018.
Por ello, la Audiencia Provincial de Salamanca le condenó como responsable de un delito de falsedad en documento privado y otro de estafa impropia a tres años de prisión y a la indemnización del perjudicado por la cantidad de 77.000 euros, condena que ahora ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia.
