El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario para reforzar la protección del alumnado, además de ampliar sus derechos y, por supuesto, adaptar la Universidad a las necesidades del presente. Entre las cuestiones que se han reconocido están el paro académico o no hacer un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial.
Por otro lado, también se ha reconocido el derecho a poder recibir orientación y atención psicológica, además de garantizar un acceso a la salud mental gratuito y accesible, previendo unidades de apoyo y protocolos de prevención y actuación ante conductas suicidas.
En un comunicado realizado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han expresado que "con esta actualización, España da un paso adelante para adaptar el marco de derechos y deberes del estudiantado a los desafíos actuales de la universidad y de la sociedad, con garantías más concretas en ámbitos que han ganado importancia en los últimos años como, por ejemplo, la inteligencia artificial o el ciberacoso".
Tras 16 años en los que no se ha actualizado el estatuto, se permitirá ampliar y adaptar los derechos y deberes del alumnado a la realidad social, tecnológica y educativa de la universidad en la actualidad.
Con este nuevo Estatuto, el estudiante deja de ser reconocido como receptor de formación para ser titular de derecho y protagonista propio de su vida universitaria. Todo esto gracias a una reunión mantenida entre el propio Gobierno de España y la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y con la representación estudiantil del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).
Por otro lado, se refuerza la protección frente al acoso y el ciberacoso, tanto de carácter sexual, razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género, así como frente al acoso personal. Asimismo, se refuerzan los apoyos para estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje. De forma añadida, se impulsan medidas para compatibilizar los estudios con el trabajo, introduciendo de manera activa opciones como los estudios a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios conforme a la normativa.
El documento también recoge conocer los planes docentes antes de la realización de la matrícula, así como todo tipo de información sobre contenidos, profesorado, idioma, prácticas y evaluación. Del mismo modo, se establecen garantías ante posibles cambios en los criterios de evaluación y se refuerza la supervisión en las prácticas académicas.
Como apunta Morant, los derechos del estudio andando “deben estar protegidos tanto en las aulas como en los entornos digitales”, con un marco que incorpora la protección de datos, seguridad digital, desconexión digital y propiedad intelectual de los trabajos académicos. También se refuerzan los derechos relacionados con las becas, la movilidad, la orientación socioprofesional, la formación permanente, las microcredenciales y el doctorado.
Desde CREUP, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, ha puesto sobre la mesa que se trata de un “histo histórico”, donde el estudiante es “cada vez más diverso, que no solo estudia, sino que también trabaja, cuida, participa y afronta circunstancias personales y sociales que deben ser tenidas en cuenta para garantizar una experiencia universitaria justa e inclusiva”.
Al incorporar avances como el reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida académica y laboral, el acceso a la orientación y atención psicológica y de salud mental o la adaptación curricular para el estudiantado con discapacidad, necesidades específicas de apoyo o dificultades de aprendizaje, se consigue reforzar una de las grandes peticiones del alumnado, el de reforzar sus derechos esenciales.
Los universitarios también han alertado sobre un aspecto clave en este nuevo estatuto: "Para que este Estatuto tenga un impacto real, será imprescindible que sus disposiciones se implementen en todas las universidades a través de sus normativas y decisiones de gobierno. Del mismo modo, será necesario garantizar una financiación suficiente por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas que permita a las universidades asumir y desarrollar las medidas previstas".
