El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno, que endurecía la creación de universidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente, según informa Europa Press.
El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el real decreto sobre universidades al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares e impone las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros. La administración autonómica cuestionaba la validez total del Real decreto por "defectos fundamentales de su procedimiento de elaboración" y advertía de "su tramitación urgente sin que se haya justificado adecuadamente la concurrencia de circunstancias habilitantes, con ausencia del trámite de consulta previa".
En cuanto a la ausencia del trámite de consulta previa, la parte recurrente hacía referencia a que la exigencia de este trámite está contemplada tanto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP), como el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tras la reforma realizada por la disposición final 3.12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la redacción vigente dada por la disposición final 11.2 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha rechazado la decisión del Tribunal Supremo de anular el Real Decreto 905/2025, por el que se modificaban los requisitos para la creación, reconocimiento y autorización de universidades en España.
Para CREUP, esta norma "llegaba tarde", pero era "absolutamente necesaria" en el contexto actual "en el que las universidades privadas están creciendo a un ritmo acelerado y en el que cada vez son más las instituciones que aspiran a incorporarse al sistema universitario sin garantías suficientes sobre su calidad, solvencia o capacidad". Por este motivo, ha urgido a aprobar una nueva regulación.
La organización considera "especialmente preocupante" la expansión de nuevas universidades incluso "en aquellos casos en los que han existido informes desfavorables por parte de las administraciones competentes", algo que, a su juicio, el Real Decreto solventaba.
En este contexto, el estudiantado considera "difícilmente comprensible que se cuestione la existencia de una situación de urgencia que justificase una actuación normativa". "La rapidez con la que se están creando nuevas universidades no es una cuestión hipotética ni futura, sino una realidad que está transformando el sistema universitario español a una velocidad que exige una respuesta regulatoria", considera la organización estudiantil.
