La Universidad de Salamanca ha elegido en la tarde de este miércoles 11 de febrero, en una sesión extraordinaria, a los miembros de la Comisión para la reforma de los Estatutos de la Universidad de Salamanca, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo del sistema universitario español. La misión de este grupo de trabajo será la elaboración de un texto de nuevo cuño que, sin perder de vista la modernización, mantenga el debido respeto a la dilatada tradición jurídica de la institución salmantina.
De entre las candidaturas presentadas, los claustrales eligieron para dirigir la reforma estatutaria a Fernando Carbajo Cascón, Ana Cuevas Badallo, José Ángel Domínguez Pérez, Berta María Dopico Rivela, Marta Feliciana Fuertes Martínez, Rogelio González Sarmiento, María Ángeles Guervós Maíllo, Antonio Miguel Martínez Graña y Antonio Muro Álvarez como 'profesor doctor con vinculación permanente". En representación del resto de categorías del profesorado se incorporan Francisco José Cuadrado Santos, María Ángeles Prieto Crespo y José Luis Sánchez Barrios, mientras que la representación de los ayudantes y el personal investigador en formación recae en Jessenia Estrada Orozco.
El sector estudiantil contará con la participación de Santiago Castañeda Aquino, Sara Medina Curto, Moisés Piñero Ruiz y Vega María Sánchez Rodríguez en representación del Grado, junto a Jhoan Sebastián Torres Alfonso por la sección de Doctorado y Postgrado. Finalmente, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios estará representado por Noelia Muñoz Zazo como funcionaria y Miguel Fernando Sánchez Rejas como personal laboral.
Esta elección supone la culminación de la primera de las cuatro fases diseñadas para la renovación estatutaria, cuyo germen se remonta al pasado 29 de enero cuando el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta inicial presentada por el grupo de trabajo constituido en junio.
Tras este nombramiento, el proceso continuará con una fase de revisión por parte de la totalidad del Claustro para la presentación de alegaciones y textos alternativos. Posteriormente, el documento definitivo deberá ser aprobado por el propio Claustro antes de ser remitido a la Junta de Castilla y León para el preceptivo control de legalidad y su publicación final en el Boletín Oficial de Castilla y León.
