La Alianza UPA-COAG considera "lamentable" que en "un contexto de enorme incremento de ataques de lobos en Castilla y León en este último año", y de estudios científicos que avalan en la Región la existencia "más de 1.900 lobos", que el Tribunal Supremo haya anulado definitivamente el Plan de gestión del Lobo debido a sus consecuencias que provocará esta decisión judicial al sector, "ganaderos que ven como la expansión descontrolada de especies animales afecta muy seriamente su patrimonio económico".
Así, UPA-COAG considera un "despropósito" que "a las administraciones competentes con sus tibias actuaciones y a los propios responsables de la justicia de nuestro país no atiendan a quienes estén en peligro de extinción, que son las personas que habitan el medio rural y las zonas de sierra y montaña, puesto que su preocupación parece estar en que prevalezcan los intereses animales antes que el de los ciudadanos".
"Nuestra organización recuerda que la normativa recoge a través de la directiva europea Hábitats el permiso de actuaciones excepcionales a la protección permitiendo los controles de especies para evitar daños graves, en especial a cultivos y ganado…. así como a otras formas de propiedad", añaden, antes de asegurar que esta norma, además, "debería complementarse con un verdadero Plan de Gestión que controle realmente la población de esta especie en todo nuestro territorio".
La Alianza UPA-COAG hacen un llamamiento a la Administración regional para que este "nuevo varapalo judicial en manera de auto dictado días atrás por el Tribunal Supremo sea respondido como se merece por el gabinete jurídico de la Administración regional. Legalmente debe controlarse una especie que se ha expandido extraordinariamente por todo el territorio regional en los últimos años provocando daños millonarios a los ganaderos de Castilla y León, tanto al norte como al sur del Duero".
Además, recuerdan que la "protección ilimitada y extrema de la fauna salvaje está provocando plagas y graves problemas sociales, económicos y sanitarios que sorprendentemente siguen siendo secundarios para el colectivo político y judicial, tal y como se desprende de las actuaciones que a diario sufrimos quienes vivimos y realizamos nuestra actividad profesional en el medio rural".
