Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad la petición de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para que la Junta implemente medidas de protección y ayudas específicas para los ganaderos afectados por los ataques de buitres. La Proposición No de Ley, debatida este martes en la Comisión de Medio Ambiente, insta al gobierno autonómico a actuar ante una problemática que ha generado "graves pérdidas económicas" en la cabaña ganadera, especialmente en la provincia de Salamanca.
La iniciativa, registrada por UPL a principios de mayo, destaca el aumento de incidentes de este tipo, especialmente durante la primavera, en municipios salmantinos como Olmedo de Camaces, La Zarza de Pumareda, Villaseco de los Reyes y El Cabaco, entre otros. Los leonesistas argumentan que los ganaderos se sienten "desamparados" y que la administración no ha ofrecido soluciones efectivas hasta el momento.
Insuficiencia de las medidas actuales
Durante la defensa de la propuesta, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, lamentó que la Junta haya eludido su responsabilidad en este asunto. Hizo referencia a la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente, que reconoció no tener una normativa específica para compensar los daños ocasionados por especies necrófagas. Asimismo, criticó la postura de la Consejería de Agricultura, que se limitó a recomendar el uso de seguros agrarios, una medida que, según UPL, no cubre los ataques a la cabaña ovina y no satisface las necesidades del sector.
Gallego señaló que los ataques de buitres suelen dirigirse a animales en situación vulnerable, como las crías recién nacidas, lo que contradice la afirmación de la Junta de que no existen registros de ataques a ganado sano.
Compromiso de la Junta
Por su parte, el representante del Partido Popular, Antonio Jaime Mendoza, se mostró abierto a la implementación de medidas, aunque puso en duda que los buitres sean los causantes de las muertes en todos los casos, argumentando que "la comunidad científica no lo avala". No obstante, reconoció la existencia de una "superpoblación de buitres" y la necesidad de estudiar las medidas adoptadas en otras comunidades.
Tras el debate, la Proposición No de Ley fue aprobada por el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, lo que obliga a la Junta de Castilla y León a ejecutar el compromiso adquirido en las Cortes. Ahora, la pelota está en el tejado del gobierno autonómico para diseñar e implementar medidas específicas de protección y líneas de compensación que pongan fin a la indefensión de los ganaderos.
