La tensión entre los ganaderos de Castilla y León y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sigue en aumento hasta el punto de que Ganaderos Unidos anuncia llegar hasta el juzgado ante lo que consideran “atropellos al sector” por las políticas en sanidad animal.
Según un comunicado emitido por la asociación "desgraciadamente es la vía que nos queda ante la falta de criterio que en reiteradas ocasiones se está implantando por parte de la administración". Los ganaderos denuncian que las reuniones mantenidas con la Consejería no han dado resultados y que los problemas persisten, o incluso han empeorado.
Además de las acciones legales, los ganaderos están valorando la posibilidad de volver a movilizarse, ya que consideran que la situación actual es igual o peor que en ocasiones anteriores. Critican la aplicación de medidas sanitarias basadas en datos de prevalencia del año 2023, en lugar de utilizar los datos de 2024, que muestran una disminución de la prevalencia en la provincia.
La gestión de la sanidad animal es uno de los puntos más controvertidos. Los ganaderos denuncian la "ineficacia" de los métodos utilizados y el "despilfarro" de dinero público destinado a ellos. Afirman que la erradicación de ciertas enfermedades es imposible sin una vacuna y un control efectivo de todos los animales, y sugieren que existen "intereses ocultos" detrás de las políticas de la Consejería.
Las asociaciones de ganaderos exigen que las decisiones sobre sanidad animal sean tomadas por profesionales técnicos con experiencia, como ocurre en otros países y en algunas comunidades autónomas españolas e indemnizaciones justas por los animales sacrificados, equiparables a los precios de mercado actuales, similares a las que reciben los ganaderos en países como Reino Unido y Francia.
Los ganaderos advierten que la situación actual está llevando a la desaparición del sector y al éxodo rural, y denuncian que "al campo no se está muriendo, al campo lo están matando". Reivindican la importancia de la soberanía alimentaria y acusan a la administración de "jugar" con su futuro.
