El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que modifican significativamente las obligaciones sanitarias de las explotaciones ganaderas en España. Entre las principales novedades, destaca la voluntariedad de que las ganaderías dispongan de un veterinario de explotación, un plan sanitario integral y un plan de bienestar animal, medidas que hasta ahora eran de carácter obligatorio.
Con esta decisión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da cumplimiento a uno de los 43 compromisos adquiridos en abril de 2024 con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en un esfuerzo por flexibilizar la normativa y reducir la carga administrativa del sector ganadero.
A partir de ahora, los titulares de explotaciones asumirán responsabilidades directas en aspectos como la bioseguridad, la prevención de enfermedades y el uso prudente de medicamentos veterinarios. Las explotaciones deberán recibir visitas zoosanitarias periódicas por parte de profesionales veterinarios, cuya frecuencia se ajustará en función del nivel de riesgo que presente cada instalación.
Estas visitas incluirán la evaluación de los requisitos sanitarios, el control del cumplimiento normativo, recomendaciones para corregir deficiencias y la detección precoz de signos clínicos de enfermedades. Aunque desaparece la obligación de contar con un plan sanitario integral, se mantiene un firme compromiso con la sanidad animal, que será supervisado en estas visitas.
El Ministerio también ha confirmado que las explotaciones que opten por mantener un veterinario de forma voluntaria serán clasificadas con un menor riesgo sanitario, lo que podría traducirse en menos exigencias administrativas. Igualmente, el plan de bienestar animal dejará de ser obligatorio, salvo que las autoridades competentes determinen lo contrario tras una visita sanitaria.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado otra norma que modifica los decretos que regulan las explotaciones porcinas, avícolas y bovinas, con el fin de armonizar la legislación específica de cada subsector con el nuevo marco general.
En este contexto, se ajusta también el contenido del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones (SIGE) para incorporar las nuevas obligaciones de vigilancia por parte del titular de la explotación. Asimismo, se ha prorrogado por un año adicional el plazo de adaptación a los requisitos de la ordenación de explotaciones porcinas, dado que se encuentra en trámite una reforma relativa a la protección mínima de los cerdos.
Con estas medidas, el Gobierno busca aliviar la presión normativa sobre el sector ganadero sin renunciar a los estándares sanitarios que garantizan la calidad y seguridad de la producción animal en España.
