El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha recordado la postura de Comunidad alcanzada con todas las OPAS, las cooperativas agrarias y los grupos parlamentarios, y a la que también se han adherido los agentes del Diálogo Social. En ella se defiende fundamentalmente el mantenimiento de la actual financiación, con pagos directos de procedencia 100 % europea que eviten cualquier atisbo de renacionalización; que los beneficiarios de esta política sean los agricultores y ganaderos profesionales; que se otorgue prioridad a la incorporación al sector de los jóvenes y las mujeres; y, por último, que se mantenga el desarrollo rural como una de las claves de la futura PAC.
El presidente ha anunciado que Castilla y León está trabajando con otras regiones europeas para conformar una alianza en torno a dicha posición común y aunar fuerzas para lograr el máximo consenso en Europa.
Junto a la PAC, Herrera se ha referido a la necesidad de garantizar unos precios dignos, como la segunda gran preocupación del sector. En este sentido, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha, con el consenso de todo el sector, las Plataformas de Competitividad Agroalimentaria en el Vacuno de leche, Agricultura ecológica, Ovino, Dinamización de El Bierzo y Vitivinícola, y se encuentran en tramitación la de la Remolacha Azucarera, estratégica una vez liberalizado el mercado del azúcar en Europa.
Otras herramientas con las que también se está trabajando para garantizar esos precios dignos son el Observatorio de Precios, el Defensor de la Cadena Alimentaria, la política de apoyo al cooperativismo agrario, o la mediación de la Junta para conseguir que las industrias se comprometan a firmar contratos de un año de duración y que cubran, al menos, los costes de producción de los ganaderos.
Así, el presidente ha subrayado que solo una adecuada Política Agraria Común y un sistema que garantice precios dignos permitirán que el sector sea atractivo para los jóvenes. Para lograr una mayor incorporación de los mismos, la Junta ha impulsado medidas específicas, como mayores cuantías de las ayudas directas para la incorporación, puesta en marcha de un instrumento financiero para los agricultores y ganaderos con el aval de la Junta. Esta legislatura se han puesto en marcha, además, otros instrumentos de modernización, como el Mapa de Infraestructuras Agrarias, con importantes inversiones en modernización de regadíos, y los Mapas de Formación Agraria y Agroalimentaria y de Investigación en dichos ámbitos.
Participación y representatividad agraria
El presidente también ha destacado la importancia de la participación de las organizaciones profesionales agrarias en el diseño de todas estas políticas. Así, ha recordado que Castilla y León es referente en cuanto a la determinación directa de la representatividad de las organizaciones agrarias, ya que fue la primera comunidad en contemplarla por la Ley Agraria de 2014. El pasado mes de febrero se puso de manifiesto en unas elecciones agrarias que lograron una participación del 64,5 %. La representatividad obtenida en esa consulta a los profesionales se traduce para los próximos 5 años en su presencia en los distintos órganos de participación de la Junta, como el Consejo Agrario de Castilla y León y los Consejos Agrarios Provinciales, órganos a los que esta legislatura se ha añadido una Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria.
