La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión directa de ayudas por un total de 21.978 euros a nueve agricultores y ganaderos no profesionales, cuyas explotaciones resultaron dañadas por los grandes incendios forestales que asolaron varios municipios de la comunidad durante el verano de 2025.
La resolución ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).
Compensaciones para daños en explotaciones agrarias
Estas ayudas se enmarcan en las actuaciones puestas en marcha por la Junta para mitigar las consecuencias económicas de los incendios sobre el sector agrario. Según el acuerdo aprobado el pasado 28 de agosto de 2025, los agricultores y ganaderos profesionales pueden acceder a una ayuda mínima para compensar pérdidas productivas, incluyendo:
Daños en cultivos
Muerte de ganado
Pérdida de colmenas
El cálculo de las compensaciones se realiza a través de baremos objetivos por hectárea, cabeza de ganado o colmena.
Rehabilitación de instalaciones y reposición de vallados
Las ayudas también cubren actuaciones destinadas a la reconstrucción, restauración o rehabilitación de construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas o apícolas afectadas por el fuego, siempre que no estuvieran en estado de ruina o abandono antes del siniestro.
Asimismo, se contempla la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados, fundamentales para la protección del ganado y el manejo en sistemas extensivos.
Ayudas para no profesionales, condicionadas a la declaración de daños
En el caso específico de los agricultores y ganaderos no profesionales, como los nueve beneficiarios de esta nueva resolución, el acuerdo de agosto no establece una ayuda mínima. Sin embargo, sí se reconoce su derecho a recibir compensaciones en función de los daños declarados, siempre que cumplan una serie de condiciones administrativas.
Entre ellas, se requiere haber presentado la solicitud única de la PAC en Castilla y León durante el año 2025, o haber realizado la correspondiente declaración en los registros oficiales habilitados para este fin.
La Junta de Castilla y León ha anunciado que los criterios y cuantías para estos casos seguirán concretándose en próximos acuerdos.
