La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio espera en los próximos días una respuesta a este requerimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO); de no ser así, interpondrá recurso contencioso-administrativo por la no formalización de los compromisos financieros a favor de Castilla y León, según lo dispuesto en el acuerdo de Conferencia Sectorial del pasado 28 de julio -8,8 millones de euros asignados a la Comunidad, lo que representa el 44,26% del total distribuido a nivel nacional-, que servirán para compensar a las ganaderías que están sufriendo daños y perjuicios por los ataques del lobo en el medio rural, así como para la financiación de medidas preventivas. Se da la circunstancia de que el Gobierno no ha transferido estos compromisos financieros a las CCAA que votaron en contra de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, como Castilla y León, y sí lo ha transferido a las comunidades que votaron a favor.
Con fecha de 28 de julio de 2022 se aprobó en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo (Canis lupus) y su convivencia con las actividades del medio rural, con el voto en contra de la Comunidad de Castilla y León, Galicia y Cantabria, entre otras comunidades autónomas, por diferentes motivos: Por un lado, por haberse aprobado una estrategia sin haber abordado previamente un exhaustivo diagnóstico del estado de conservación de la especie, aspecto que debiera haberse realizado sobre la base de un nuevo censo nacional coordinado -en el que la Junta ya está trabajando con sus propios medios y recursos.
Por otro lado, no se votó a favor de la estrategia por la inclusión, como anejo a la misma, de los criterios de distribución de presupuesto a las comunidades autónomas, criterios que debieran haberse aprobado de forma ajena a la estrategia, al igual que se realiza con cualquier otra aportación finalista del Estado a las comunidades autónomas.
Por último, se votó en contra de dicha estrategia por la inclusión en su anejo nº 2 de un Protocolo para la aplicación y desarrollo de la Disposición Adicional Primera de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, protocolo que como procedimiento de desarrollo de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, debiera haberse aprobado por la correspondiente norma que proporcione la seguridad jurídica que requieren los técnicos gestores de la especie en las comunidades autónomas y no como un anejo a un documento estratégico sin ningún valor normativo.
Más de 8,8 millones de euros asignados a Castilla y León, el 44,26 % del total nacional
En la citada Conferencia Sectorial se aprobó mediante un acuerdo específico e independiente del acuerdo de la estrategia, que Castilla y León apoyó con su voto favorable, los criterios y distribución territorial entre las comunidades autónomas de los créditos presupuestarios relativos a los fondos correspondientes para paliar los daños producidos por el lobo a la ganadería extensiva, así como la distribución territorial entre las comunidades autónomas de los créditos presupuestarios relativos a los fondos correspondientes a la realización de medidas preventivas para la gestión del lobo, anualidad 2022.
En concreto, el reparto territorializado de fondos asigna a Castilla y León las cuantías de 4.854.400 euros de una dotación total de 10.500.000 euros para medidas preventivas, y 3.998.070 euros de un total de 9.500.000 euros para indemnización de daños. En total, se asignaron a Castilla y León 8.852.470 euros, de un total de 20.000.000 euros, lo que representa el 44,26 % del total distribuido a nivel nacional.
El MITECO no transfiere el dinero a Castilla y León y otras CCAA que votaron en contra de la Estrategia
Para sorpresa de Castilla y León y del resto de comunidades autónomas que votaron en contra de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo -como Galicia y Cantabria, que aglutinan en conjunto más del 90 % de los lobos de España-, con fecha de 5 de agosto se recibe escrito del secretario de Estado del MITECO, por el cual se exige a la Junta de Castilla y León el compromiso por escrito de esta administración de “aplicar y velar por la aplicación de la estrategia en todos sus elementos” para la transferencia de las partidas correspondientes.
Con fecha de 16 de agosto, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se remite contestación a la Secretaría de Estado manifestando la discrepancia con el criterio definido por este departamento ministerial, adelantando ya la posibilidad de acudir a la vía judicial para recurrir aquellos aspectos de la Estrategia no ajustados a derecho.
Las transferencias de fondos correspondientes se materializaron el pasado 28 de agosto a algunas comunidades autónomas, pero no a la de Castilla y León, a la que el secretario de Estado exigía previamente “el compromiso por escrito de aplicar y velar por la aplicación de la Estrategia”, con la que públicamente mostró su desacuerdo.
Teniendo conocimiento de esta resolución de formalización de transferencias solamente a las CCAA que votaron a favor la citada estrategia, la Junta reiteró nuevamente al secretario de Estado mediante escrito de fecha 7 de octubre que procediera a la emisión de la correspondiente resolución de formalización de la distribución territorial a la Comunidad de Castilla y León en virtud de lo establecido Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria al objeto de planificar los créditos y llevar a cabo las urgentes actuaciones necesarias para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo.
Con fecha 10 de octubre se recibe contestación del secretario de Estado a la carta enviada por la Junta en agosto de 2022, negando nuevamente la transferencia a Castilla y León en tanto no se proceda al compromiso escrito de velar por la aplicación de la estrategia, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación a la segunda misiva de la Junta.
Resulta pernicioso que se exija por escrito a la Junta de Castilla y León la aplicación de la estrategia “en todos sus elementos”, máxime cuando esta comunidad autónoma en los trámites de consultas previas a la aprobación de la propia estrategia reiteró al MITECO que la inclusión de un procedimiento para la extracción de lobos como documento técnico anejo a la estrategia no se ajustaba a derecho, ya que se trata expresamente de un procedimiento que desarrolla la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, relativo a las excepciones al régimen general de protección de la fauna silvestre, e igualmente desarrolla la Orden ministerial de 20 de septiembre 2021, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Este protocolo incluido en la Estrategia desarrolla las normas previas hasta tal punto que se establecen nuevas obligaciones y trámites administrativos “preceptivos” por las comunidades autónomas sin que tengan el correspondiente respaldo jurídico. Y es precisamente este punto el que Castilla y León y otras comunidades autónomas que aglutinan más del 90 % de la población de lobos en España están exigiendo al Gobierno de España, que no es otra cosa que seguridad jurídica y una herramienta clara para la aplicación de medidas de gestión del lobo en España.
Por ello, la Junta de Castilla y León procederá a la formalización de una reclamación previa a la vía judicial, instando al Gobierno de España para que transfiera las partidas presupuestarias aprobadas sin perjuicio de la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo
Compromiso de la Junta con los ganaderos de Castilla y León
De otro lado, el importe ya destinado íntegramente por la Junta para el abono de los daños por lobo asciende a un importe próximo a los 1,9 millones de euros anuales, de los cuales 1,2 son en concepto de pagos compensatorios y 0,7 en concepto de responsabilidad patrimonial correspondientes a más de 2.600 ataques y más de 4.200 cabezas de ganado muertas al año. Sólo en la provincia de Ávila los daños han pasado en 2015 de tener 489 ataques y 631 cabezas de ganado muertas, a una media en los últimos tres años (2019-2020-2021) de 1.500-1.600 ataques y 1.500-1.700 cabezas de ganado con un importe promedio anual de 720.000 € en concepto de pagos compensatorios y 500.000 € en la vía de responsabilidad patrimonial (1,2 M €/año en pagos por daños sólo en la provincia de Ávila).
En este sentido, la Junta de Castilla y León manifiesta su compromiso de con los ganaderos de la Comunidad, ya que una vez se rechazó por la Audiencia Nacional la medida cautelar solicitada por el Gobierno autonómico de suspender la protección del lobo en España, se iniciaron los trabajos técnicos para proceder a la modificación de la actual normativa de pagos compensatorios por daños de lobo en Castilla y León con el objetivo de que cualquier ataque producido en esta Comunidad sea adecuadamente compensado por la Administración, incluidos con carácter retroactivo los ataques de lobo ocasionados al norte del río Duero desde la entrada en vigor de la Orden ministerial de 20 de septiembre de 2021, por la que incluye las poblaciones de lobo al norte del río Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
A su vez, la actualización de la normativa de pagos compensatorios por daños de lobo en Castilla y León vendrá acompañada de una revisión de los baremos aplicados, trabajo técnico que se encuentra muy avanzado y que se iniciará su revisión conjuntamente con las organizaciones profesionales agrarias en las próximas semanas. Entre las cuestiones que se han mejorado en estas versiones iniciales se encuentran la definición de forma precisa, y de acuerdo a los precios de mercado, tanto los daños emergentes como el lucro cesante, pérdidas de fecundidad así como los gastos económicos de los ganaderos derivado del daño así como los gastos variables en diferentes supuestos, como son los casos de preñez y aborto del animal, gastos veterinarios y medicamentos en caso de animales heridos, así como de eutanasia. Estos nuevos baremos, a la vista de la revisión y nuevos conceptos a incorporar, supondrán un incremento significativo respecto de los baremos vigentes y aprobados en 2019.
Adicionalmente al esfuerzo realizado por la Junta para compensar los daños ocasionados por el lobo, dentro del diseño de las futuras intervenciones regionales en el nuevo periodo de programación del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se ha programado la ejecución de la intervención destinada a las ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad.
En concreto, con la programación de esta intervención se busca fomentar la compatibilidad de la existencia de explotaciones ganaderas o apícolas con la conservación de las poblaciones de grandes carnívoros, como el lobo, mediante actuaciones subvencionables en materia de prevención de daños que podrán ser todas aquellas que permitan disminuir la probabilidad de generación de daños en explotaciones ganaderas en régimen extensivo tales como la adquisición de perros para protección del ganado o instalación de vallados, entre otras. Para ello se destinará un importe total de 1.750.000 euros, que será ejecutado a través convocatorias anuales durante el período de programación del Pan Estratégico de la nueva PAC, que se aplicará de 2023 a 2027, estableciéndose previamente las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones a conceder.
