El PSOE ha acusado a la Junta de Castilla y León de falta de comunicación y transparencia, así como de "dejadez" en el caso del envenenamiento de un centenar de buitres en Monterrubio de La Armuña y le ha exigido que cumpla con sus propias leyes.
De “enorme tristeza” ha calificado el alcalde de esta localidad, David Matute, la muerte de 54 buitres, y ha mostrado, como representante del municipio, su “total compromiso, apoyo y colaboración con la autoridades para esclarecer los hechos”.
Sin embargo, ha mostrado su descontento por “la falta de comunicación y transparencia de la Junta”, algo que ha dicho “es habitual.
Ante unos “hechos tan graves y trascendentes, la Junta debería habernos mantenido informados de los avances en la investigación” y más ha añadido, porque por las aguas que pueden llegar al consumo.
“No hemos recibido ni una comunicación; lo que sabemos es por la prensa y las noticias publicadas al respecto y la web de la Junta”, ha subrayado.
Matute ha recordado que unos hechos que se produjeron el 23 de junio y durante los siguientes días estuvieron equipos de la Guardia Civil investigando “sin contar con el Ayuntamiento”.
Ante esta “nula comunicación”, ha explicado que se pusieron en contacto telefónico con la delegación en Salamanca de la Junta de Castilla y León, pero “nos comunicación prácticamente nada, porque la personas que llevaba el tema estaba de vacaciones”.
Cuando les llegaron las noticias sobre el uso de un pesticida tóxico en los hechos, surgió la preocupación y “nuestra primera reacción como Consistorio fue solicitarle a la Junta un análisis de las aguas del municipio” sobre los posibles productos detectados en Monterrubio. En este sentido, el alcalde ha explicado que se utiliza agua de sondeo de acuíferos de la zona y se realizan análisis periódicos para comprobar la calidad del agua, pero no del posible pesticida utilizado en este caso.
Una de las actuaciones “lógicas por parte de la Junta “hubiera sido la de analizar el agua de la población más cercana”, ha insistido Matute, pero “la respuesta ha tardado una semana y lo hizo a través una llamada telefónica, en la que básicamente nos han transmitido que, como solicitamos, es importante hacer el análisis del agua”, pero que “es cosa nuestra y la responsabilidad de lo que suceda decae en el Ayuntamiento; se ha desentendido por completo”. De momento, según él, no tienen comunicación oficial al respecto, solo esa llamada.
Hoy, ha añadido, una empresa va a analizar el agua, pero “sería conveniente” que la Junta indicara el producto concreto a buscar, “ya que conoce de primera mano lo ha detectado”.
El Ayuntamiento de Monterrubio, ha defendido el alcalde, ha actuado “en todo momento con la mayor diligencia posible, hemos intentado ponernos en contacto en todo momento con la Junta ante la falta de información de la misma” sobre las noticias “preocupantes” que les estaban llegando.
Todo esto, ha afirmado, demuestra “la dejadez de la Junta” y su intención “de evadir responsabilidades, dejando la misma en nuestras manos”, por lo que “hemos solicitado a los vecinos que no consuman hasta tener los análisis”.
“Entendemos que estas no son y solicitamos más colaboración y transparencia por parte de la Junta de Castilla y León”, que “asuma su responsabilidad en un incidente como el que ha sucedido”, ha concluido David Matute.
Años "engañando a todas las partes"
De “hechos graves y con tantas consecuencias para la sanidad animal y para la salud pública” ha calificado María Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Fomento y Medio Ambiente, lo sucedido en Monterrubio, y ha denunciarlo “la negligencia de la Junta” con un “conflicto entre la defensa de la biodiversidad y la defensa la ganadería, algo que llevamos viviendo y padeciendo”.
Llevan 34 años “engañando a todas las partes y sin tomar medidas para la protección de los derechos de los ganaderos y sobre todo de la ganadería extensiva, qué es la que aparece en muchas ocasiones por los daños”, ha afirmado.
Rodríguez ha recordando que recientemente el PSOE presentó en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes una proposición para compensar por los ataque de los buitres a los ganaderos, que fue rechazada por PP y Cs.
En este sentido, ha insistido en que “la manera de que pueda convivir la fauna silvestre, la biodiversidad, con nuestra ganadería extensiva” es que “las administraciones públicas se impliquen”, pero “su discurso es hipócrita, no pone ni un euro y deniega estas proposiciones”.
Lo ocurrido en Monterrubio es “la comisión del delito ecológico más grave que ha ocurrido en España en los últimos años”, ha sentenciado Rodríguez, que además ha criticado no solo la “falta de tranparencia e información”, sino “la escasez de medios” de la Junta “como ha puesto de manifiesto los jefes de los servicios de Medio Ambiente”, que “han denunciado que no tienen medios humanos y materiales suficientes para trabajar y garantizar el medio ambiente, la sanidad animal y la salud pública”.
A todas estas críticas, la portavoz socialista ha dicho no entender que “no se utilicen los recursos propios”, ya que en la comunidad se dispone de un hospital veterinario en la Facultad de León homologado por la Unión Europea, y sin embargo, el análisis se ha realizado en la Facultad Veterinaria de Murcia, que es un centro de referencia.
Para concluir, se ha referido a la proposición del PSOE “para evitar los desastres ecológicos” como este envenenamiento, en la que insta a crear unidades de fauna silvestre; “lleva encima de la mesa de la Consejería de Medio Ambiente desde el año 2004, evidenciando la falta de medios para actuar en desastres como el de Monterrubio”.
En la misma línea, se ha expresado el coordinador de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, sobre “el episodio del delito contra la salud pública y la biodiversidad más grave de los acontecidos en España en los últimos 25 años”.
El delito ecológico más grave en España en los últimos 25 años
Vázquez ha acusado a la Junta “de utilizar la información a modo de propaganda de forma sistemática”, eludiendo “el cumplimiento de una obligación”, que es la transparencia y esa “falta de interés de la Junta de hacer llegar a los ciudadanos de la comunidad la realidad de lo que acontece”
También ha criticado “la falta de un fomento de la ganadería extensiva” y, sin embargo, “se fomenta el conflicto entre la diversidad biológica, la conservación de nuestras especies, con la agricultura y la ganadería”.
Desde el PSOE, ha añadido, “exigimos a la Junta que intensifique la adoptación de medidas ante el grave envenenamiento de aproximadamente un centenar de ave” con un producto prohibido en la UE desde 2007, porque “lo de Monterrubio de Armuña no puede quedar diluido de forma anecdótica ante la opinión pública” y la Junta “debe adoptar las medidas y llevar a cabo el cumplimiento de cuántas obligaciones le corresponden”, relatando “hechos y consecuencias”.
La información, ha añadido, “ha sido escasa”, al igual que “el dispositivo movilizado” porque “no podemos olvidar la precariedad de las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de Castilla y León”, con tan solo “30 técnicos” con los que cuenta la Junta.
Desde el PSOE también se ha denunciado “la demostración de que la Junta de Castilla y León incumple con sus leyes, con lo establecido hace prácticamente cinco años en el plan de acción para la erradicación del cebos envenenados en el medio natural de Castilla y León”.
“Incumple sus propias leyes en la defensa de la biodiversidad, incumple sus propias leyes en la defensa de la salud”, ha subrayado Vázquez, que ha añadido que del decreto de 2017 “no se han desarrollado ni se han cumplido ninguna de las previsiones”.
Para finalizar, ha pedido que los hechos de Monterrubio “no pueden quedar en el olvido de la sociedad” y que “deben esclarecerse los hechos” hasta “la detección en última instancia del causante de este delito contra la naturaleza y contra la salud pública”, pero “es difícil poder actuar de forma eficiente cuando la administración no es eficaz”. Por eso, ha exigido a la Junta que “lleve a acabo todas las medidas necesarios para esclarecer los hechos delictivos acontecidos” y que “se cumpla” con las leyes vigentes.
A este respecto, ha señalado que “una de cada cuatro denuncias por infracciones contra la naturaleza no se cobra” y que además “hay escasez de medios”. En Salamanca, ha añadido, los agentes ambientales deberían de ser 92, pero existen 52 vacantes en la plantilla; además, ha destacado la media de edad de dichos efectivos, que supera los 54 años.
