En ocasiones, una de las consecuencias derivadas de la realización de las prácticas agrícolas es la posible contaminación de las aguas, especialmente la producida por los nitratos aportados por fertilizantes y abonos. La molécula de nitrato es muy soluble, lo cual le confiere una gran movilidad en el suelo. Si bien esto permite que sea fácilmente aprovechada por las plantas, presenta el inconveniente de que el exceso de nitratos se va infiltrando en el suelo hasta alcanzar las masas de agua subterráneas, o bien ser arrastrada por escorrentía hacia las aguas superficiales. Si la presencia del nitrato o de su forma reducida, el nitrito, alcanza concentraciones altas, su consumo puede resultar nocivo para la salud.
Consciente de esta situación, el Consejo de las Comunidades Europeas promulgó en el año 91, la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, que fue transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 261/1996. Esta Directiva obligaba a los estados miembros, en primer lugar, a determinar las aguas afectadas o que podrían verse afectadas por dicha contaminación para, a continuación, designar como zonas vulnerables todas las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia ellas.
El elemento clave para que el sistema puesto en marcha por la Directiva consiga la reducción efectiva de la contaminación por nitratos es la correcta redacción y aplicación de los programas de acción. Y para su elaboración, resulta muy importante el conocimiento en profundidad de la contaminación existente, las fuentes que la producen y su evolución prevista en las masas de agua.
Los análisis isotópicos, combinados con análisis convencionales de las aguas, pueden permitir identificar con bastante precisión la fuente o fuentes que originan la contaminación en una masa de agua concreta, así como la existencia de procesos de nitrificación o desnitrificación en las mismas aguas que alteren la contaminación existente.
