El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra las recientes modificaciones en la protección y caza del lobo en España. Estas enmiendas, introducidas en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, afectaban directamente al régimen de protección de la especie al norte del río Duero, donde se encuentran las poblaciones de lobos de Castilla y León.
Las disposiciones impugnadas son la disposición adicional octava, que aborda el control de las especies naturales depredadoras en relación con la eficiencia del sistema productivo, y la disposición final decimonovena, que modifica el Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
En su demanda, el Defensor del Pueblo alega que estas disposiciones podrían infringir el artículo 24.1 de la Constitución, al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, y también el artículo 45 CE, por ser contrarias al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
En marzo, el Congreso de los Diputados, con los votos a favor de PP, Vox, Junts y PNV, aprobó una enmienda a la ley contra el desperdicio alimentario que retiraba la protección a las poblaciones de lobo al norte del río Duero. Esta decisión abría la puerta a permitir su caza tras cuatro años de prohibición, derivada de la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Liespre) en 2021. La medida fue inicialmente aprobada en el Senado y refrendada en la Cámara Baja con 181 votos a favor, 150 en contra y 14 abstenciones. De esta forma, solo las manadas al sur del Duero se mantuvieron bajo salvaguarda ambiental una vez la ley fue publicada y entró en vigor.
Aunque el objetivo principal de la norma es reducir el desperdicio alimentario, la inclusión de esta enmienda sobre el lobo generó fuertes críticas. Esta controversia coincide con un momento en el que la Unión Europea (UE) ha rebajado la protección de la especie.
El conflicto entre el Gobierno central, que elevó la protección del lobo en 2021, y las comunidades autónomas ha persistido durante años. En las últimas semanas, la tensión se ha centrado en el informe sexenal de la especie que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) debe enviar a la Unión Europea antes de agosto.
Además, el pasado jueves, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente fue suspendida mediante un correo electrónico, en el que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se remitía a una petición de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica a Transición Ecológica, añadiendo una capa más de complejidad a la gestión de esta especie protegida.
