Esta jueves, 17 de octubre, arrancó en Feria de Valladolid un ‘macrojuicio’ por estafas bancarias en el que estaban acusados a 63 personas, aunque al menos cinco ya han llegado a un acuerdo previo, que habrían llegado a estafar unos 800.0000 euros a diversas entidades bancarias. Los hechos que juzga la Audiencia Provincia se cometieron entre 2014 y 2016, cuando los acusados, mediante la aportación de documentos falsificados, lograron créditos, principalmente para la adquisición de vehículos de segunda mano, que luego no devolvieron.
Este juicio es el segundo que se celebra fuera de la sede del Palacio de Justicia de la capital vallisoletana, después del celebrado, también en Feria de Valladolid, en octubre de 2018. Entonces 65 personas estaban acusadas de fraude a la Seguridad Social, aunque 57 pactaron penas con antelación al inicio de la vista.
En este caso, el Ministerio fiscal reclama para el conjunto de encausados un conjunto de penas que suman más de medio millar de años de cárcel, mientras que en concepto de responsabilidad civil se solicitan indemnizaciones que en su conjunto superan los 780.000 euros en beneficio de las entidades bancarias perjudicadas.
Los siete cabecillas de la organización -A. I. Bastidas, J.M. Pastor, M.Y. López, B. Miguel, R.A. Posligua, S. Peláez y A. Melus- se enfrentan a penas de 18 años de cárcel por un delito con continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, otro de pertenencia a grupo criminal y un tercero de blanqueo de capitales.
Los organizadores realizaban estudios previos en diversos bancos y una vez conocidos los requisitos que exigían para conceder un préstamo, falsificaban documentos y seleccionaban a las personas que solicitaban personalmente los préstamos que, en la mayor parte de los casos, eran para la compra de automóviles de segunda mano. Además, otras personas de la trama se dedicaban a realizar ingresos en las cuentas de las personas que solicitaban los créditos y que simulaban ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios.
Según el fiscal, las manipulaciones no solo afectaban al documento en que se plasmaba la finalidad del préstamo, sino también, ya que era imprescindible para aparentar la solvencia exigida por los bancos, a las nóminas, extractos bancarios, declaraciones de IRPF e informes de vida laboral, que acompañaban los solicitantes con la petición de crédito.
Junto a los cabecillas, para la consecución de los planes, la banda utilizaba a las personas que solicitaban los créditos, plenamente conscientes de cuáles eran su ingresos, su trayectoria laboral y que nunca habían gestionado la compra de ningún vehículo. Una vez concedido el préstamo e ingresado el dinero en la cuenta del solicitante, menos una parte que se quedaba la persona que solicitaba el crédito, el resto del dinero llegaba a manos de los organizadores de la red, bien por transferencias a sus cuentas corrientes, bien por ingresos en metálico en las mismas, o entrega del dinero en mano. En mucho casos, el control de las cuentas corrientes quedaba en manos de los cabecillas del grupo, a quienes los receptores de los créditos entregaban las claves necesarias para operar con las mismas.
