La cuenta atrás para estrenar en Castilla y León las viviendas protegidas en alquiler para jóvenes, en régimen de ‘cohousing’ o compartido, se ha iniciado ya.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha comenzado las obras de las primeras promociones, a las que se sucederán otras, hasta completar las 15 que ha asumido directamente este departamento, con una inversión total de 131 millones de euros para edificar 995 pisos.
Para afrontar esta tarea como agente promotor, la Consejería ha encargado estos proyectos, financiados en parte con fondos Next Generation, a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).
A las 15 promociones que gestiona esta empresa pública, se unen otras dos -103 pisos-, también en obras, que han sido cedidas al Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca.
En conjunto, Vivienda tiene en marcha ya, con los expedientes adjudicados o en ejecución, la construcción de 1.099 viviendas colaborativas en 17 promociones en municipios de más de 20.000 habitantes y capitales de provincia, con una inversión total de 136,2 millones en el periodo 2024-2026. Los plazos, que exigen los fondos europeos, exigen avanzar para tener listos estos proyectos en dos años.
Se trata de viviendas en bloque en áreas urbanas, con una superficie útil hasta 65 metros cuadrados, de consumo energético casi nulo y servicios comunes.
Para ello, la Junta adaptó la normativa de vivienda en 2022 para introducirlas como nueva modalidad de vivienda pública protegida, con el fin de posibilitar su edificación en suelos dotacionales.
En Ávila, la Junta tiene adjudicado el proyecto básico para la promoción de 40 pisos en la calle Caléndula de la capital con una inversión de 5,3 millones, si bien las obras no han arrancado.
En Burgos, con más de 19 millones en juego, se repite la misma situación en el caso de las 200 viviendas de la parcela de la Casa de la Vega. Además, en Aranda de Duero se ha comprometido en la adjudicación 5,03 millones para levantar 38 viviendas en el plan parcial del Centro Cívico, y en Miranda de Ebro, otros 3,71 millones, para 28 pisos.
Igualmente, en León, la Consejería tiene adjudicado ya las obras para los 100 pisos de la calle Santa María Josefa, con un desembolso de 13,25 millones, a los que se suman otros 2,65 millones para otros 20 en la calle Andrés Viloria de Ponferrada.
También en Palencia están encargada la construcción de 50 pisos por 6,62 millones en la calle Hijas de la Caridad, como en Salamanca, donde están en marcha las obras de las 48 y 55 viviendas de las calles Puebla de Sanabria, Maragatería y Villalpando, junto a Obispo Sancho de Castilla.
De la misma forma, se ha dado luz verde a una inversión de 12,32 millones para las 93 viviendas previstas en la carretera de Valdevilla de Segovia y a más de cinco millones para otras 38 en la calle Eduardo Saavedra de Soria. Igualmente, se prevén otros 5,5 millones para las 42 viviendas de la calle Burgos de Zamora.
Valladolid es la provincia que acapara más actividad promotora de la Junta.
De esta forma, se ha iniciado la edificación de 27 viviendas en Medina del Campo por 3,57 millones de euros y otras 59 en el sector de Los Viveros de la capital, por 7,81 millones. A la espera de que arranquen los trabajos, pero con las obras adjudicadas, están los proyectos de 114 pisos en la calle Julio Senador Gómez (Parquesol) que requieren 15,1 millones de inversión; los 50 de Mieses (6,62 millones) y las 152 de Parque Alameda (20,14 millones).
Características
Se trata de viviendas en bloque que se construirán en áreas urbanas, con una superficie útil de entre 60 y 65 metros cuadrados (dos dormitorios, dos baños, salón y cocina), con las que se trata de facilitar la independencia de jóvenes recién incorporados al mundo laboral, compartiendo zonas comunes, como lavandería, ‘vending’, espacios para el ocio y aparcamiento para bicicletas, que mejoran la convivencia y se adaptan a los nuevos requerimientos de esta franja de población.
Todo ello convierte a este modelo de vivienda en lugares que facilitan la emancipación juvenil, con modelos de vivienda dignos y de calidad y el uso responsable de los recursos naturales y energéticos. En definitiva, lugares que generan claros beneficios sociales, económicos y medioambientales.
