El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este miércoles, 12 de octubre, que el Techo de Gasto, que aprobará este jueves el Consejo de Gobierno, y el presupuesto para 2023 serán los más altos por la incorporación de “un gran volumen” de fondos europeos y la evolución favorable de la recaudación tributaria.
Fernández Carriedo, en una entrevista en la Cadena Ser, argumentó que, pese a destinar mayores recursos para el próximo ejercicio, siempre son “insuficientes y más en un contexto de crisis”, aunque añadió que las prioridades, compartidas por su socio de Vox, son la creación de empleo, salida de la crisis, mejora de los servicios públicos y compromiso con el medio rural.
Tras indicar que este año no era necesario la presentación del Techo de Gasto -ingresos no financieros más el déficit- porque no están en vigor las reglas de estabilidad presupuestarias de la Unión Europea y el Gobierno tampoco le aprobó, expresó la confianza de tener el presupuesto el próximo 1 de enero, que superará los 12.835 millones de 2022, no aprobados por el adelanto electoral.
En cuanto a que no se cumpla con la fecha del 15 de octubre que marca el Estatuto de Autonomía para aprobar los presupuestos, argumentó que también los estatales se han conocido más tarde de su fecha y explicó la necesidad de tenerlos antes para conocer la evolución del sistema de financiación, la subida a los empleados públicos -estiman 300 millones más para la Junta-, otras modificaciones tributarias o el aumento de las cuotas de la Seguridad Social.
El consejero confirmó que no se va a suprimir el Impuesto de Patrimonio y que la Junta se decanta, como ya ha presentado, por la reducción del IRPF en su tramo bajo para todos los contribuyentes y por la fiscalidad más favorable para el mundo rural junto con las ayudas a la natalidad. “Este año no”, apostilló en referencia a un impuesto cuya eliminación han anunciado algunas comunidades, entre ellas Andalucía.
Por otro lado, aseguró que Castilla y León no está en “ninguna carrera fiscal” y recordó que el mes de abril ya anunció la rebaja de impuestos, cuyo proyecto de ley se encuentra ahora en las Cortes para su aprobación y tendrá efecto al 1 de enero de este año, lo que consideró que no ocurrirá con los anuncios de otras comunidades.
En referencia a la negociación con su socio de Vox, afirmó que no hay “líneas rojas”, aunque cada consejero piense que su departamento es el más importante, sino que se trata de “una visión global”, en base a prioridades compartidas, y de “encajar las cifras”.
Reconoció que se presenta un otoño invierno con dificultades para ciudadanos y empresas por un deterioro del crecimiento económico , aumento de los tipos de interés que eleva las hipotecas y la alta inflación, en un “cóctel” que impactará de manera especial en las rentas bajas y medias.
Preguntado sí se siente cómodo con un Gobierno con Vox, que niega la violencia de género, argumentó que el PP ganó las elecciones sin mayoría y el único que daba seguridad era la coalición formada con Vox, por lo que se cumple el mandato de los ciudadanos.
Ante la pregunta directa a él, afirmó que se siente a gusto con el trabajo y el proyecto del PP para la Comunidad y subrayó que ambos socios tienen ideas distintas en algunos asuntos, como es la lucha contra la violencia de género, donde apostó por poner más recursos.
“Quiere estabilidad, un Gobierno que funcione y que dé respuestas”, respondió a la pregunta de sí habrá elecciones autonómicas en mayo de 2023, tras indicar que la competencia corresponde al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “Sí de él depende, es dar continuidad a la legislatura”, aseveró.
