La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado este lunes que la Comunidad "recurrirá en la vía que corresponda" cualquier acto derivado del real decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, relativo al traslado de menores extranjeros no acompañados. Esto incluye tanto el reglamento, que previsiblemente se aprobará mañana en Consejo de Ministros, como los posibles traslados de menores que se realicen bajo su amparo.
Blanco ha advertido que el sistema de protección de menores no acompañados en Castilla y León "está al límite", con algunos de ellos ya ubicados en recursos ordinarios y no específicos. Aunque ha defendido que la autonomía "es y ha sido siempre tierra de acogida", la consejera ha acusado al Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, de "utilizar el traslado de menores desde Canarias cuando a él le interesa mediáticamente, mediante imposiciones, sin diálogo, sin acuerdo, sin consenso, rompiendo la solidaridad y el principio de igualdad entre las comunidades".
"Castilla y León va a seguir siendo solidaria, pero siempre pensando sobre todo en el bienestar de los menores y desde la igualdad entre todas las comunidades autónomas, y nunca desde las imposiciones fruto de las cesiones a sus socios del Gobierno", ha alertado Blanco. En este sentido, ha cuestionado por qué, en el reparto decidido unilateralmente por el Ejecutivo central, a Castilla y León le corresponderían 97 menores, frente a los 31 asignados a Cataluña y ninguno al País Vasco. "Un tema tan serio como este debe abordarse desde el acuerdo y desde el consenso, trabajándolo, y nunca desde la imposición que es lo que está haciendo el Ministerio", ha lamentado.
Además, la vicepresidenta ha denunciado los "continuos recortes sociales" del Ejecutivo en proyectos como el Plan Corresponsables, donde la aportación a Castilla y León habría caído cerca de un 25%, hasta los 11 millones. También ha señalado un recorte de "casi 6 millones de euros" en dependencia, lo que, a su juicio, provoca una pérdida de financiación para atender a los más vulnerables.
