La Junta de Castilla y León ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento en tramitación del Real Decreto-Ley del Gobierno central, aprobado el pasado mes de junio, que regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, criticó duramente la falta de información, criterios y financiación por parte del Ministerio de Infancia.
Tras participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Blanco calificó el encuentro como “más de lo mismo” y denunció una “nueva imposición” del Ejecutivo. “Castilla y León es solidaria desde el diálogo, el acuerdo, el consenso y la igualdad entre comunidades, pero rechazamos la imposición permanente, los chantajes y las cesiones a sus socios separatistas”, declaró.
La Junta ya había recurrido previamente el Real Decreto-Ley que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior del menor ante contingencias migratorias extraordinarias. Ahora, anuncia que hará lo mismo con el reglamento que lo desarrolla, al considerar que vulnera competencias autonómicas.
Pese a esta postura, Blanco aseguró que Castilla y León acatará la ley y los actos administrativos, aunque insistió en la falta de transparencia del Ministerio. Criticó que no se ofrecieran datos sobre el número de menores que se trasladarán, los criterios del reparto, la financiación prevista o los plazos, a pesar de haber solicitado esta información a la ministra de Infancia, Sira Rego.
“Se maneja la urgencia a su antojo y según le conviene”, denunció Blanco, recordando además que el Tribunal Supremo ha instado al Gobierno a asumir la tutela de 1.100 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias, conforme a los sistemas internacionales de protección.
La vicepresidenta también lamentó que las propuestas remitidas por la Junta de Castilla y León “hayan sido ignoradas” por el Ministerio, y expresó su malestar por la restricción del tiempo de intervención de las comunidades en la reunión sectorial. “Se trata de un tema muy serio como para limitar la palabra”, concluyó.
