La XI legislatura de las Cortes, la primera que comenzó con un anticipo electoral, llega a su fin cuatro años después con nueve textos legales en tramitación y un decreto ley pendiente de convalidación. La disolución de la cámara y la convocatoria electoral para marzo dejará a cero el contador de iniciativas hasta la próxima primavera, cuando se constituya el nuevo parlamento.
Una vez el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firme el decreto de convocatoria electoral y la disolución de las Cortes, tras la deliberación del Consejo de Gobierno, decaerán dos proyectos de ley del Ejecutivo autonómico, así como otras siete proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.
De esta forma, se irán a la papelera dos leyes en tramitación a iniciativa de la Junta, la de coordinación de policías locales de Castilla y León, que cerró el plazo de enmiendas el pasado 10 de septiembre, y la de ordenación de servicios de prevención y extinción de incendios en entidades locales, que pudo ser enmendada hasta el pasado 27 de junio.
La misma suerte correrán siete proposiciones de ley, entre ellas la de agentes medioambientales de UPL-Soria Ya, que se tramita con la oposición de la Junta, pero que finalmente tampoco verá la luz, aunque fue uno de los asuntos para los que se habilitó la primera quincena de enero.
Las otras seis iniciativas legislativas de los grupos tampoco se sumarán al acervo normativo de la Comunidad, a pesar de que llevan en las Cortes varios años. Se trata de dos textos de PP y Vox, registrados cuando era socios, sobre el Servicio Público de Empleo y la modificación de la ley del ruido, cuyo plazo de enmiendas venció en diciembre de 2024 y en junio de 2025, respectivamente.
De la misma forma, no completará el trámite legislativo la proposición de ley de Soria YA para dotar a Castilla y León de una ley de medidas contra la despoblación, norma que recogió enmiendas hasta el 15 de mayo de este año, sin que se hayan calificado y comenzado su debate en ponencia y comisión.
Los socialistas, principal grupo de la oposición, verán como dos de sus propuestas de ley terminan paralizadas con el fin de la legislatura. Se trata de la referida a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, una norma que ya se debatió en el parlamento en la novena legislatura durante la etapa de Juan Vicente Herrera. Tras su toma en consideración, se presentaron enmiendas hasta el el pasado mes de octubre, sin que se haya avanzado más.
De la misma forma, las Cortes no aplicarán los cambios técnicos en la ley agraria de Castilla y León, propuestos por el Grupo Socialista, ni tramitarán la iniciativa de Vox de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de la Comunidad, que recibió enmiendas hasta el pasado 19 de diciembre.
Por otra parte, fuentes parlamentarios indicaron que será la Diputación Permanente la que se encargue de convalidar el decreto-ley aprobado a finales de diciembre para aplicar el incremento en las retribuciones de 2025 y 2026 de los empleados públicos. Este trámite debe realizarse en los 30 días siguientes a su promulgación para evitar que decaiga. Además, cabe recordar que supone la extensión a la Comunidad de una cuestión de normativa básica del Estado.
Producción legislativa
Las Cortes han vivido en esta legislatura, tras la ruptura del pacto de PP y Vox, un cierto frenesí legislador por parte de los grupos. Por un lado, se han tramitado siete decretos-ley a instancias de la Junta, pero también ocho proposiciones de ley -una de la oposición sobre publicidad institucional, seis conjuntas de PP y Vox y una de los ‘populares’ para el blindaje de los servicios públicos esenciales-.
En la décima legislatura, que se prolongó desde junio de 2019 a diciembre de 2021, se aprobaron 23 iniciativas legislativas, 14 decretos-ley, vinculados a la gestión y las medidas de respuesta a la pandemia del COVID, y nueve leyes, mientras que en la novena, la última que duró cuatro años, se dio luz verde a 44 textos, 35 leyes y siete decretos-ley.
La proposiciones compartidas por PP y Vox, que pactaron cuando formaban coalición en Castilla y León, introdujeron cambios en la designación de senadores por la Comunidad y recogieron la bonificación de tasas veterinarias, cambios en la gestión de la sanidad animal, medidas para la provisión de plazas sanitarias de difícil cobertura y el proyecto de ley de Medidas para 2023, tras no aprobarse por un error en la votación el proyecto de ley de la Junta.
Finalmente, las Cortes alumbraron otras ocho leyes, entre ellas los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2023 y 2024 y la ley de Medidas de ese último ejercicio, además de la rebaja tributaria del inicio de la legislatura que se aprobó en 2022. De hecho, en 2024 vieron la luz cuatro normas sobre el juego y las apuestas, de apoyo a las personas con discapacidad, sobre el modelo residencial y el patrimonio cultural, éstas dos últimas recuperadas tras no ser aprobadas en la X legislatura.
