La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la Consejería de Medio Ambiente sigue “con su política de hostigamiento y estrangulamiento” hacia el colectivo de agentes medioambientales. Ahora, con la supresión de 1.300 guardias y el rechazo a una Proposición de Ley que mejoraba la estructura del colectivo y sus condiciones de trabajo. Mientras, “vemos cómo la Junta invierte millones de euros de dinero en empresas privadas para atender un servicio público como es la defensa de la naturaleza, al tiempo que debilita y dinamita su propio cuerpo de profesionales. Una situación que debe pararse ya. Es indecente”.
El día 25 de septiembre, la Consejería de Medio Ambiente, tras más de 5 meses de retraso, publicó la orden que determina las guardias de incendios forestales, “con la desagradable sorpresa de que se eliminan más de 1.300 guardias de agentes medioambientales y 430 guardias de conductores para la extinción de incendios forestales”.
“Esto no es solo un golpe más para los agentes medioambientales, además afecta de forma directa a los ciudadanos, ya que se está privando deliberadamente a las zonas rurales del servicio de 24 horas para acudir a un incendio forestal, y no hay que olvidar que en más del 90% de los incendios forestales estos profesionales son los jefes de extinción”, advierte CSIF. Tampoco se ha aplicado a la compensación económica de la guardia el incremento del 2%, el porcentaje de subida salarial fijado para los trabajadores públicos en 2023, añade.
La medida supone una pérdida económica para los agentes medioambientales de unos 260 euros anuales aproximadamente, “lo que parece un castigo por las protestas realizadas este año y conseguir una mejora salarial de 124 euros, en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo. Este colectivo está a la cola salarial de las comunidades de España”.
Asimismo, el sindicato independiente lamenta que PP y Vox impidieran, en el pleno de las Cortes de Castilla y León del pasado 25 de septiembre, la tramitación de una Proposición de Ley del PSOE donde se pretendía una mejora en la estructura del Cuerpo de Agentes Medioambientales y de sus condiciones de trabajo, como el reconocimiento a enfermedades profesionales, la formación o promoción, “un rechazo totalmente absurdo e incomprensible cuando el PP apoya un modelo similar en otras comunidades, como Andalucía”.
Esa proposición pretendía renovar la estructura de agentes medioambientales y actualizar sus funciones, que se amparan en un reglamento que no se ha modificado en 22 años, y que no dispone de las garantías jurídicas y laborales que se corresponden con el trabajo que realizan en la actualidad. Además, incluía a este colectivo en el grupo B de funcionarios, tras más de 8 años de retraso, en el que deben estar por los requisitos de titulación que se les exige para el acceso.
CSIF afirma que la Consejería de Medio Ambiente “está incumpliendo sistemáticamente con todas sus obligaciones, como la actualización del Infocal y del decreto que establece el operativo de lucha contra incendios forestales, o la obligación de disponer de medios para acudir a las emergencias todos los días del año”.
