El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha divulgado este miércoles, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, el informe de fiscalización del programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), correspondiente al ejercicio 2022. Esta es la segunda auditoría conjunta de las instituciones fiscalizadoras españolas sobre la implementación de este plan a nivel autonómico.
La fiscalización se centró en el Programa de Cooperación Territorial (PCT) con las comunidades autónomas para la Digitalización del Ecosistema Educativo, puesto en marcha en 2021 por el Ministerio de Educación y FP. Su objetivo es ampliar las actuaciones del Programa Educa en Digital para reducir la brecha digital, mejorando las dotaciones digitales de los centros y la capacitación técnica del profesorado, complementándose con la Estrategia de Digitalización de la Junta de Castilla y León.
El informe evaluó cómo la Consejería de Educación está implementando el PCT y si sus tres actuaciones principales –dotación de portátiles al alumnado, instalación y mantenimiento de sistemas digitales interactivos (SDI) en las aulas, y capacitación técnica del profesorado– están contribuyendo a generalizar y facilitar el acceso a medios digitales en la actividad educativa.
El crédito total transferido por el Ministerio a las comunidades autónomas para el PCT asciende a 989 millones de euros, de los cuales 49 millones corresponden a Castilla y León. Estos se distribuyen en 7,2 millones para dispositivos, 40,9 millones para aulas digitales y 0,9 millones para capacitación. La auditoría abarcó hasta el 31 de marzo de 2024, teniendo en cuenta los objetivos intermedios del PCT. A 31 de diciembre de 2025, Castilla y León debe justificar la entrega de 14.545 dispositivos, la dotación de 11.986 aulas digitales y la formación del profesorado en 1.101 centros.
El Consejo de Cuentas concluyó que la Consejería de Educación cumplió con las obligaciones y condiciones del PCT, excepto por algunas salvedades. En la primera actuación, referida a los dispositivos móviles, no se incluyó a los centros privados concertados y se asignaron portátiles a centros, equipos y estructuras públicas que no estaban contemplados como destinatarios del programa. Para el curso 2020/2021, se consideraron 1.007 centros públicos, pero se excluyeron 214 concertados, lo que representa un 17,5% del total y afectó a 100.005 alumnos de la enseñanza concertada, un 27,7% del total de potenciales usuarios de portátiles. Además, se consideraron como destinatarias 35 escuelas de educación infantil de titularidad autonómica, a pesar de que los centros de este nivel estaban excluidos. Tampoco se tuvieron en cuenta los criterios de vulnerabilidad ni la brecha digital al determinar los centros destinatarios de los portátiles, y cada centro aplicó su propio criterio para la asignación sin una adaptación adecuada a la edad y etapa educativa.
En las actuaciones segunda y tercera, también se adquirieron equipamientos y se impartieron capacitaciones a centros, equipos y estructuras no previstos como beneficiarios en el marco del PCT.
La Consejería llevó a cabo las actuaciones mediante 13 contratos, de los cuales 10 habían iniciado expedientes a 31 de marzo de 2024. A esa fecha, los datos de avance son positivos: en la primera actuación, se prevé que a 31 de diciembre de 2025 el número de portátiles entregados ascienda a 18.269, superando el objetivo final en un 125%. En la segunda, se han entregado e instalado 13.442 pantallas digitales, con una cobertura del 112% del objetivo final de aulas digitales interactivas. En la tercera actuación, a 31 de marzo de 2024 se habían capacitado 723 centros, un 131% del objetivo intermedio y un 66% del objetivo final para el cierre de 2025.
El Consejo de Cuentas ha formulado siete recomendaciones a la Consejería de Educación. Entre ellas, se destaca la necesidad de asegurarse de que todas las estrategias, procedimientos y trámites administrativos estén debidamente documentados. Además, se recomienda que en futuros programas con financiación nacional o europea se garanticen medidas que aseguren una distribución equitativa de los recursos entre centros públicos y concertados. Asimismo, se debería implementar un conocimiento más detallado del grado de digitalización de las aulas en todos los centros de la Comunidad para una mejor planificación futura. Respecto al contrato de la tercera actuación, se sugiere incorporar en la plataforma CoFFE las actas de comprobación de la prestación efectiva del servicio de capacitación. Finalmente, la Consejería debería evaluar, antes de fin de año, la posibilidad de modificar los certificados de los mecanismos de verificación cuando los destinatarios hayan sido centros no contemplados inicialmente, y garantizar la trazabilidad del gasto asociado a la adquisición de monitores y ordenadores, vinculándolos directamente con las aulas digitales interactivas e identificando detalladamente las aulas financiadas por centro educativo.
