Las empresas de Castilla y León soportaron una carga fiscal excepcionalmente alta en 2023 en comparación con la media nacional. El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades sobre el beneficio de las empresas de la Comunidad alcanzó el 21,72 por ciento, una cifra notablemente superior al 12,05 por ciento registrado como media en España. Este porcentaje posicionó a Castilla y León como la tercera autonomía con el valor más elevado del país, solo superada por Extremadura (23,08 %) y Castilla-La Mancha (22,89 %).
En el polo opuesto, regiones como el País Vasco (1,38 %), Cantabria (1,77 %), Asturias (9,86 %) y Canarias (9,57 %) registraron los tipos efectivos más bajos. Además, las Cuentas consolidadas de la Agencia Tributaria revelan que el tipo efectivo del tributo sobre la base impositiva también fue superior en la Comunidad, situándose en el 22,58 por ciento frente al 21,77 por ciento nacional.
Según los datos de la Agencia Tributaria, las empresas de Castilla y León obtuvieron unos beneficios de 4.640,6 millones de euros en 2023, con una base impositiva de 4.465,2 millones de euros. Como resultado, la cuota líquida positiva del Impuesto de Sociedades que abonaron ascendió a 1.008,1 millones de euros.
Fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han señalado que esta diferencia tan significativa en la presión fiscal se debe a la estructura empresarial propia de Castilla y León, caracterizada por un tejido productivo dominado por pymes y empresas industriales. Estos negocios de menor tamaño, en muchos casos, no pueden acceder a los mismos mecanismos de deducción o beneficios fiscales que sí aplican las grandes corporaciones. La Agencia Tributaria constata que, en el extremo opuesto, el tipo efectivo sobre beneficios de las grandes empresas (las que facturan más de 1.000 millones) fue del 6,97 por ciento en 2023.
Ante esta situación, la patronal autonómica ha defendido la necesidad urgente de abordar una reforma del Impuesto de Sociedades que persiga un sistema más equitativo, estable y competitivo. El objetivo es incentivar la inversión, la innovación y el crecimiento empresarial.
Los empresarios de Castilla y León han apelado a una tributación que no penalice el esfuerzo inversor ni la generación de empleo, y que reconozca las particularidades de las pequeñas y medianas empresas, que son el motor económico de la Comunidad.
Finalmente, desde CEOE se destacó la importancia de valorar la mayor presión fiscal que soporta el beneficio empresarial en la región e impulsar más medidas e incentivos fiscales. Estos deberían ponderar el valor y la aportación de las empresas de menor dimensión, los sectores estratégicos, y factores territoriales como la ubicación de la Comunidad y su rol como exportadora de energía al resto del país. El objetivo es que las empresas puedan establecer estrategias de optimización fiscal para reinvertir sus beneficios, fortaleciendo así la competitividad regional.
