La letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, y el Consejo Consultivo elaborarán a petición de Vox y el Grupo Socialista sendos informes jurídicos para determinar si la Mesa debe admitir a trámite el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 por elaborarse y registrarse en el parlamento antes de la aprobación por parte de la Cámara del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, mientras el Grupo Popular defiende que la Junta ha cumplido con el Estatuto de Autonomía y las leyes.
Tras la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, los grupos de la oposición -Socialista, Vox, UPL-Soria YA y el Mixto- manifestaron que las Cortes no deberían aceptar el registro y tramitación del proyecto de presupuestos que ayer llevó a las Cortes el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, coincidiendo con límite máximo fijado en el Estatuto de Autonomía -el 15 de octubre-. Por el contrario, el Grupo Popular, que sustenta en minoría parlamentaria al Ejecutivo, manifestó que las cuentas han llegado “en forma y plazo”.
Para ello, la oposición señaló tres cuestiones, por un lado que el ‘techo de gasto’ no está fijado por el parlamento todavía, si bien se debate en el próximo pleno, que se celebrará el 21 y 22 de octubre, ya que la Junta adoptó el jueves pasado un acuerdo que ha remitido a la cámara para que se someta a aprobación, para lo que el PP necesita el concurso de la oposición. De esta forma aludieron a las leyes de estabilidad de 2012 que aseguraron indican que los presupuestos se elaborarán previa aprobación del límite de gasto no financiero.
También apuntaron que el proyecto de ley que se ha registrado en las Cortes incorpora una sección 20, relativa a las Cortes y las instituciones propias, que no ha sido aprobada por la Mesa, como señalaron establece el Reglamento de la Cámara. En concreto, la oposición explicó que la Junta ha planteado una propuesta diferente a la que había diseñado la Presidencia de las Cortes. Además, ayer con el voto en contra de la socialista Ana Sánchez y la abstención de los cuatro miembros de PP y Vox se rechazaron las cuentas del legislativo.
Igualmente, los grupos de la oposición apuntaron a que el presupuesto no lleve aparejada una ley de acompañamiento con medidas fiscales, financieras o administrativas para guiar la ejecución del presupuesto. Esta cuestión, junto a que sigan pendientes de aprobación el techo de gasto y la sección 20, todas ellas “inéditas", son los argumentos que manejan para criticar la actuación de la Junta y pedir que no se admitan a trámite, una decisión que corresponde a la Mesa, donde el PP, Vox y el PSOE tienen dos miembros cada uno.
Los mejores de la historia
Por el contrario, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, aseguró que la Junta ha demostrado que Castilla y León tiene un gobierno “serio y responsable” que cumple llevando “en plazo” los nuevos presupuestos a las Cortes, a diferencia del ejecutivo de Pedro Sánchez. En su opinión, la oposición debería decir “sí” porque son “buenos” para los castellanos y leoneses y “los mejores de la historia” de la Comunidad.
Gavilanes defendió que la Junta haya presentado a las Cortes tanto el ‘techo de gasto’ como el proyecto de ley de presupuestos, así como la ausencia de una ley de acompañamiento para “afianzar” la bajada de impuestos ya aplicada. De la misma forma justificó la abstención de los dos miembros de la Mesa de su grupo en la sección 20, ya que apuntó era una propuesta del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que además no se había debatido con los grupos ni las instituciones propias.
De hecho, aseguró que es “incompresible” e “inaudito” que Vox, tras abandonar el gobierno de la Junta, pretenda seguir “boicoteando” los presupuestos al no aprobar las cuentas de las Cortes. “Están inhabilitados para gestionar” ya que señaló llegan “tarde, mal y nunca”, lo que ha hecho que la Junta incorpore en el proyecto de ley una previsión de fondos para el parlamento y las instituciones propias. Además, apuntó que el legislativo no puede impedir que el ejecutivo elabore y presente las cuentas de la Comunidad.
Timo, tocomocho y electoralistas
La portavoz socialista Patricia Gómez cuestionó el “timo de la estampita” de los presupuestos, que insistió son unas cuentas “electoralistas” y “fake” que se utilizan para montar un “espectáculo” en las Cortes y para “salvaguardar” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, si bien consideró que se ha generado un “bochorno” institucional por no tener ley de acompañamiento, un techo de gasto aprobado y una sección 20 ratificada por la Mesa de las Cortes. De esta forma, señaló que se demuestra la “incompetencia, desidia, vagancia e inutilidad” del Ejecutivo autonómico. “Se ha pasado el legislativo por la peineta”, dijo para anunciar que habían pedido que se solicitará un informe al Consultivo.
Igualmente, el portavoz de Vox, David Hierro, habló de los presupuestos “del tocomocho” por no tener un límite de gasto fijado por las Cortes por lo que consideró Fernández Mañueco se ha “estafado” por intentar correr. “Expansiva es la leche que se han pegado”, dijo y se preguntó: "¿En qué manos estamos?". Además, consideró “increíble” la “ineptitud” de quienes han presentado unas cuentas sin la sección de las Cortes y sin una ley de acompañamiento, lo que consideró es como comprar una televisión sin instrucciones. De esta forma, ratificó que habían pedido un informe a las Cortes y otro al Consultivo sobre la legalidad del proyecto de ley.
Por su parte, el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, consideró un “fraude” a las Cortes que se presenten unos presupuestos “electoralistas” sin techo de gasto, ley de medidas y una sección, por lo que consideró no debería haberse registrado el proyecto de ley. A su juicio son una “mentira”, como también lo es que sean “expansivos” al crecer el ‘techo de gasto’ un 5,1 por ciento y la inflación un 4,8 por ciento hasta octubre.
Finalmente, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea calificó de “auténtica payasada” el proyecto de presupuestos registrado y consideró que deberían ser devueltos a la Junta por formar parte del “circo” del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. “Las leyes están para cumplirse”, dijo.
