La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) han elevado una queja formal al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), instándole a remitir a la Comisión Europea el informe sexenal que declara el estado de conservación del lobo como “favorable” en las regiones atlántica y mediterránea.
Tal y como informa la agencia Ical, basan su exigencia en la reciente modificación de la Directiva Hábitat a nivel europeo, sumada a la aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en España, ha flexibilizado la gestión del lobo. Tras estos cambios, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León, tanto al norte como al sur del río Duero, se encuentran incluidas en el Anexo V de la Directiva, lo que legalmente permite a la Comunidad adoptar medidas de gestión sobre la especie.
La Junta lamenta que la gestión de la especie se mantenga bloqueada debido a que el Gobierno central no ha enviado el informe sexenal de conservación; su plazo venció el pasado 31 de julio. El Ejecutivo autonómico desmiente la justificación del Ministerio sobre la necesidad de evaluar la afección de los incendios forestales, recordando que el informe abarca el periodo 2019-2024 y no el año en curso.
El informe, aprobado el 14 de julio por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, determina el estado "favorable" que permitiría desbloquear las acciones de control. La Junta y las OPAS instan al Ministerio a cumplir sus obligaciones derivadas tanto de la Directiva Hábitat como de la Ley contra el desperdicio alimentario.
En paralelo a esta demanda, la Junta de Castilla y León se ha comprometido con el sector ganadero a revisar y actualizar en las próximas semanas los baremos de pagos compensatorios por daños causados por el lobo. El objetivo es ajustar los baremos aprobados en 2023 a los valores actuales de mercado, y se convocarán nuevas reuniones de trabajo para definir las mejoras.
