La conciliación es el derecho que tienen los trabajadores a que exista un equilibrio entre dos facetas: su labor profesional y su vida personal y familiar. Una correcta armonización de estos dos aspectos supone un factor esencial para su salud y bienestar. Aunque pueda parecer un concepto relativamente moderno, hace ya décadas que se empezó a tomar conciencia de la necesidad de alcanzar el equilibrio entre la vida laboral y el ámbito privado y familiar. Así, ya en 1981 la Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, puso sobre la mesa la necesidad de prestar una especial atención a las particularidades de estos trabajadores.
Desde entonces, la necesidad de conciliación entre el trabajo y la esfera privada ha sido planteada reiteradamente a todos los niveles –internacional, europeo, nacional y autonómico– como una condición vinculada a la nueva realidad social. De ahí que se hayan abordado importantes reformas legislativas, entre las cuales ha de considerarse un hito la promovida en 1999 a través de la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Los empleados públicos, al igual que el resto de los trabajadores, se enfrentan al reto de lograr el ansiado equilibrio entre vida laboral y vida personal. Se trata de un desafío diario y cambiante, pues hay momentos en los que conciliar resulta más difícil, principalmente porque surgen nuevas demandas desde el punto de vista familiar, o porque hay períodos en los que se requiere un mayor esfuerzo en el trabajo.
El legislador ha sido consciente de ello, y así, la principal norma que regula el empleo público en nuestro país –el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público– reconoce expresamente el derecho de los empleados públicos a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Las medidas que se han implementado para hacer efectivo este derecho son variadas y numerosas, y resultan aplicables tanto al personal funcionario como al personal laboral que presta sus servicios para las administraciones públicas. Entre otras, encontramos licencias, reducciones de jornada, permisos para atender deberes relacionados con la conciliación, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, por lactancia, por guarda legal de menores de doce años, por el cuidado de hijos afectados por una enfermedad grave, o el nuevo permiso parental de ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años, que ha sido recientemente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a partir de las disposiciones de la Unión Europea.
Junto a este catálogo de medidas, destinadas en su mayor parte a facilitar la conciliación ante situaciones concretas, no cabe duda de que una jornada laboral con una duración razonable contribuye también, de forma decisiva, a hacer que la conciliación no se convierta en una «misión imposible». Consciente de ello, la Junta de Castilla y León ha considerado una prioridad la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los 90.375 empleados de la Administración autonómica (datos a 30 de junio de 2023).
Los empleados públicos de la Administración castellana y leonesa venían disfrutando de esta jornada desde el año 2002. Sin embargo, en el año 2012 el difícil contexto económico hizo que en todo el sector público español se implantase la jornada semanal de 37 horas y media. Ante una crisis económica de dimensión global, y cuyas graves consecuencias se venían sufriendo desde hacía años, era imprescindible cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo que justificó la adopción de esta medida.
Durante las pasadas legislaturas se ha trabajado de forma intensa para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal y reducción del déficit público, de forma que hoy, incluso, pese a las dificultades que ha supuesto el período marcado por la pandemia de la COVID-19, es posible hablar ya de recuperación económica. Este nuevo contexto ha permitido que el personal al servicio de las diferentes administraciones públicas haya ido recuperando progresivamente los derechos que resultaron afectados por la situación económica.
En el ámbito de la jornada, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 ha facultado a las distintas administraciones públicas para establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, la jornada de 35 horas.
Ante esta habilitación estatal, la Junta de Castilla y León ha acudido a la vía extraordinaria y urgente del Decreto-ley para reimplantar dicha jornada. Así, el Decreto-ley 1/2023, de 30 de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado 31 de marzo, dispone la recuperación de la jornada de 35 horas semanales a partir del día 1 de junio. En el caso del personal docente de centros públicos no universitarios, la entrada en vigor de esta medida se ha pospuesto al 1 de septiembre por razones organizativas.
De esta forma, con el acuerdo unánime de todas las organizaciones sindicales implicadas, culmina el proceso de recuperación de derechos de los empleados públicos al servicio de la Administración autonómica, unos empleados públicos que han contribuido con su esfuerzo a la recuperación económica, manteniendo en todo momento un alto nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos incluso en los difíciles momentos de la pandemia, y que pueden ya disfrutar de una jornada más acorde a las exigencias de la conciliación.
