El nuevo programa para la ayuda a la compra de vehículos eléctricos y electrificados puesto en marcha por el Gobierno de España, dotado con 400 millones de euros para 2026, ofrecerá incentivos de hasta 4.500 euros. Auto+ será gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, sin la intermediación de las comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurrió con el Moves 3 que en Castilla y León contaba con un presupuesto de 26,8 millones en el año 2025, tanto para la compra de vehículos como para la infraestructura de recarga.
De ese montante, la Junta ha concedido 4,6 millones de euros, de los que la práctica totalidad corresponde a incentivos por la adquisición de vehículos, ya que solo 155.000 euros fueron para dotaciones de puntos de carga, tras haber recibido 7.589 solicitudes. A esas cantidades, hay que sumar los 41,7 millones de euros concedidos en el mismo programa entre los ejercicios 2021 y 2024.
De los cerca de 27 millones que el Ministerio transfirió en diferentes momentos del año pasado a la Comunidad, el grueso (17,3 millones) estaba reservado para ayudas a particulares y empresas por la compra de vehículos eléctricos y electrificados mientras que las infraestructuras contaban con 9,5 millones. Según los datos facilitados por la Consejería de Economía y Hacienda a la Agencia Ical, de las más de 7.500 solicitudes recibidas por el Moves 3 en la convocatoria del año pasado, 5.242 fueron incentivos por la adquisición de coches y 2.347 para instalaciones de recarga. Peticiones que se tradujeron en importes por 26,7 y 9,2 millones de euros, respectivamente, aunque, a fecha de mediados de febrero, se habían abonado 4,6 millones.
El Moves 3 se aprobó en 2021 con una dotación económica de 400 millones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos con ayudas que, por ejemplo, alcanzaban hasta los 7.000 euros para los turismos, si la compra iba acompañada del achatarramiento de otro automóvil o hasta un 70 por ciento del coste de implementación de punto de recarga por particulares. Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) incrementó progresivamente su presupuesto, hasta un total de 1.335 millones de euros que se transfirieron a las autonomías, que han contribuido a la compra de más de 150.000 vehículos y la instalación de más de 150.000 puntos de recarga.
La última prórroga fue, a través de un real decreto, en abril de 2025 cuando se aprobaron 400 millones para mantener el apoyo a la compra de eléctricos, híbridos enchufables y la instalación de puntos de carga así como el restablecimiento de la deducción del 15 por ciento en el IRPF. Además, se preveía la posibilidad de que las comunidades autónomas incorporaran nuevas simplificaciones administrativas en la tramitación. Castilla y León contaba, inicialmente, con un un presupuesto de 20,1 millones que en noviembre se amplió con 7,7 millones, hasta el pasado 31 de diciembre y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
La gestión del plan de ayudas se realizó a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), que decidió que el reparto de los fondos entre las comunidades se efectuara en función de la población y no de la demanda real de vehículos eléctricos. Eso supuso que el presupuesto disponible del Plan Moves 3 para 2005 se agotara en nueve regiones como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Navarra, Aragón, Cantabria y País Vasco. Territorios que concentraron el 85 por ciento de las ventas de turismos electrificados en todo el país.
Excesiva burocracia
La realidad es que la burocracia asociada al proceso -con muchos trámites, documentación y plazos inciertos- y la falta de agilidad en la gestión produjo una creciente desconfianza entre los compradores. Al inicio del plan Moves, el Procurador del Común instó a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas oportunas para agilizar la tramitación, a lo que el Ejecutivo autonómico respondió que no contaba con los funcionarios suficientes para gestionar todas las solicitudes, a lo que se unió la falta de presupuestos en 2022.
Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda explicaron a Ical que los técnicos señalan que la tramitación es complicada y que, al revisar la documentación, detectan falta de documentación o “conflictos” por la titularidad del vehículo. Eso motiva, el envío de requerimientos de subsanación, que los interesados tardan en responder, lo que, a la postre, generó una gran lista de espera y el ingreso de la ayuda en la cuenta bancaria del solicitante podía retrasarse hasta año y medio.
Ante falta de agilidad, algunas marcas de coches decidieron adelantar el pago de la ayuda para, así, incentivar la venta de vehículos electrificados. De ahí que las patronales de fabricantes y concesionarios demandaran a finales del año pasado que el nuevo Plan Auto 2030 contara con ayudas directas para animar realmente la compra de enchufables. Algo que, finalmente, será así.
No en vano, Auto+ es el programa para la ayuda a la compra de vehículos eléctricos y electrificados que gestionará el Ministerio de Industria y Turismo, sin la intermediación de las comunidades autónomas, que cuenta con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros solo para 2026, aunque se irá prorrogando año a año enmarcado en el Plan Auto 2030. De esta manera, se eliminarán las disparidades entre las regiones y se agilizarán los procesos, con descuentos inmediatos en los concesionarios.
Un plan de incentivos de hasta 4.500 euros para la adquisición de vehículos totalmente eléctricos y europeos, siempre y cuando el precio del coche sea inferior a 35.000 euros. Es la ayuda máxima del Estado por un turismo, que se suma a la rebaja directa de mil euros por parte del concesionario, hasta llegar a los 5.500 euros. El origen del vehículo influye en el cálculo final, en función de si el coche se ensambla en Europa y si la batería procede de algún país de la UE.
