Por tercer año consecutivo, más de dos millones de castellanos y leoneses están llamados a las urnas. En este caso, para decidir el futuro de Europa. Y es que las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran exactamente en 100 días en España, se erigen como “las más decisivas” de la historia de la UE, según explicaron a Ical fuentes de las propias instituciones europeas, ante un contexto de inestabilidad internacional creciente y en el que los partidos de “extrema derecha” viven un auge en buena parte de los 27 países que conforman la Unión Europea.
Nacida como comunidad económica, y posteriormente política, precisamente para evitar los nacionalismos exacerbados y las ideologías totalitaristas que llevaron a los países europeos a su enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea afronta, entre el 6 y el 9 de junio, sus décimas elecciones al Parlamento comunitario. Un hemiciclo que estará conformado por 720 eurodiputados de los que 61 serán españoles.
Se trata de dos escaños más de los 59 con los que cuenta actualmente la representación española en Bruselas y Estrasburgo, sedes compartidas del Parlamento Europeo. Además, los casi 38 millones de españoles llamados a las urnas, más de dos millones de Castilla y León, elegirán siete representantes más que en los últimos comicios, los de 2019, cuando España aportaba 54 europarlamentarios a una Cámara que contaba con un total de 751. Sin embargo, la salida definitiva de Reino Unido tras el Brexit redujo el número de escaños a 705, que ahora pasarán a ser 720.
En estas elecciones, los 2,08 millones de castellanos y leoneses censados, entre residentes en el territorio y en el extranjero según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Ical, tendrán que elegir entre la nómina de partidos que, además de las papeletas de PP, PSOE, Vox, Sumar y/o Podemos y demás formaciones de ámbito nacional, también incluye a partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas como ERC, Junts per Catalunya, PNV, Bildu o BNG.
Porque la peculiaridad de las elecciones europeas, con respecto al resto de comicios que se celebran en España, es que la circunscripción nacional es única. Es decir, todos los partidos que se presenten en un país se podrán elegir en cualquier colegio electoral de cualquier parte del territorio, ya que el reparto de escaños no se circunscribe a la provincia, sino que se realiza en función del número total de votos que cada formación reciba en el conjunto del país. Además, no existe un umbral electoral mínimo para que un partido o coalición electoral obtenga un representante.
Después, esos partidos se integrarán en los grupos políticos que, divididos por ideología, configuran el Parlamento Europeo. Actualmente, el PP forma parte del Partido Popular Europeo, de corte conservador, liberal y demócrata-cristiano. El PSOE se integra en la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, de ideología socialdemócrata. En medio, y como habitual eslabón para los acuerdos entre los dos grandes partidos, se encuentra Renew, de marcado carácter liberal, y donde hasta ahora se integraban los europarlamentarios españoles de Ciudadanos, así como los del PNV. También colaboran en esa función de tender puentes los eurodiputados de Los Verdes, donde desde España se integran los representantes de ERC y BNG.
En los extremos del hemiciclo se sitúan los eurodiputados de La Izquierda, donde se encuentra Podemos y, previsiblemente, lo hará Sumar, y en el lado contrario el Grupo de los Conservadores y Reformistas, en el que se integra Vox, y que defiende una ideología ultranacionalista, conservadora y antifederalista. Esta corriente obtuvo, en los últimos comicios europeos, un total de 67 representantes, que unidos a los 58 de la Europa de las Naciones y las Libertades, euroescépticos de extrema derecha, ya configuraron una importante fuerza en el Parlamento Europeo que ahora se teme que pueda ser mayor y condicione los pactos de los grandes partidos.
Y es que el auge de la extrema derecha en buena parte de los países que conforman la Unión Europea es una de las grandes preocupaciones que se tiene desde las instituciones de la UE, junto a la incertidumbre internacional que marcan, entre otras cuestiones, las guerras enquistadas entre Ucrania y Rusia y entre Palestina e Israel, y a las que se une el triunfo de los populismos en países como Argentina.
Por ello, desde el propio Parlamento se anima a votar a los ciudadanos de la Unión para “defender la democracia, el estilo de vida y los valores europeos” y se confía en que el papel que ha jugado esta institución, y el conjunto de la UE, ante situaciones como el COVID, con una respuesta unitaria frente a la pandemia a través de las vacunas, o en la crisis económica posterior, con los fondos Next Generation para colaborar en la recuperación de los países de la Unión, sirva para fomentar la participación.
Una participación que, desde el Parlamento Europeo, confían en que supere, en España, el 60,73 por ciento conseguido en los comicios de 2019, y que, tras la publicación del último Eurobarómetro, se cree que rondará el 64 por ciento el próximo 9 de junio. De hecho, y según datos aportados a Ical desde la Oficina del Parlamento Europeo en España, el 78 por ciento de los españoles consideran que el país se ha beneficiado de pertenecer a la UE y siete de cada diez consideran que las acciones de la UE tienen impacto en su vida cotidiana.
En Castilla y León, ese impacto viene marcado, principalmente, por tres tipos de fondos. Por un lado, está el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la inversión en el empleo y el crecimiento de la Comunidad, que en el periodo 2021-2027 cuenta con ayudas por valor 355 millones de euros, a las que hay que sumar los casi 170 millones de euros para el mismo periodo del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que tiene la misma finalidad.
Dentro de estos fondos, no obstante, hay otras partidas compartidas con otras comunidades o países vecinos como Portugal. Así sucede, por ejemplo, con el programa de cooperación ‘Interreg España-Portugal (POCTEP)’, que entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027, está dotado con 320,6 millones de euros de los que se beneficiará Castilla y León gracias a aquellos programas de cooperación territorial entre España y Portugal que se ubiquen en territorio castellano y leonés.
Así sucede, por ejemplo, con el proyecto ‘Transcolab’, que reúne a universidades, fundaciones, empresas y centros de investigación del norte de Portugal y Castilla y León para impulsar el desarrollo tecnológico de los sectores agroalimentario e industrial de ambos territorios.
En la misma línea se sitúan otros proyectos destacados de la UE en Castilla y León como ‘Aire Rural’, para la repoblación y el emprendimiento en el medio rural que desarrollan seis Grupos de Acción Local de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Segovia, o el proyecto ‘Goagrovoltaica’, para preservar, restaurar y mejorar la utilización agrícola de los suelos y que financia el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Este último fondo es el que, junto al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), configura la Política Agraria Común (PAC), quizá el gran elemento de ayudas europeas que facilita el desarrollo de la agricultura y la ganadería en Castilla y León. Una comunidad que en 2023, y solo en ayudas directas, recibió más de 780 millones para los profesionales del sector primario a través de la PAC, que será de nuevo protagonista durante una campaña electoral a las elecciones europeas que estará marcada por las movilizaciones del campo que se están llevando a cabo en las carreteras no solo de Castilla y León, sino de toda España y de los países miembros de la UE, llamados a votar entre el 6 y el 9 de junio por el futuro de la Unión.
