Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 personas pertenecientes a una organización por, presuntamente, explotar a ciudadanos marroquíes como jornaleros del campo en Valladolid. Además, les ofrecían “packs” de documentación para regularizar situaciones administrativas, reagrupaciones familiares o ser beneficiarios de prestaciones sociales, tras un pago que oscilaba entre los 250 y los 8.000 euros. El grupo criminal operaba con dos sociedades mercantiles de las que eran socios con aparente legalidad, realizaban contratos y cumplían con las obligaciones sociales y tributarias. A los detenidos se les atribuyen los delitos contra la seguridad social, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal
Sociedades Mercantiles aparentemente legales
La investigación comenzó en el año 2019 y, tras una primera fase en la que se detuvo a cinco personas, las gestiones continuaron debido a que los agentes constataron que el grupo criminal operaba con dos sociedades mercantiles de las que eran socios los principales investigados. Realizaban contratos con agricultores para trabajos en el campo a una parte de sus empleados, les daban de alta en la Seguridad Social y cumplían con las obligaciones tributarias. Otros trabajadores no contaban con la misma suerte, les empleaban en situación irregular facilitándoles la documentación de una tercera persona y les imponían condiciones laborales precarias y abusivas.
Paralelamente la empresa ofrecía “gran variedad de servicios a sus jornaleros, elaboraba altas y bajas en la Seguridad Social fraudulentas, contratos ficticios de trabajo y de alquiler de viviendas, con el fin de que obtuvieran una prestación por desempleo o regularizar su situación administrativa, llegando a realizar reagrupaciones familiares. Algunos de sus clientes residían fuera de España y pretendían conseguir el visado para entrar en territorio nacional y, dependiendo del “pack” de documentación que necesitaban, debían abonar entre 250 a 8.000 euros a la sociedad.
Desde el inicio de la investigación en el año 2019, y tras una primera fase en la que se arrestaron a cinco personas, los agentes llevaron a cabo la segunda fase en la que han sido detenidas 11 personas, todos ellos por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), Brigada Central de Trata de Seres Humanos, de la Policía Nacional y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.
