El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en el Senado en la que demanda al Gobierno central la ejecución urgente de inversiones en infraestructuras eléctricas. El objetivo principal es garantizar el suministro necesario para acoger 15.000 millones de euros en inversión empresarial que actualmente se encuentran en suspenso en las nueve provincias de Castilla y León por falta de conexión a la red.
La iniciativa, que se debatirá y votará en el Pleno la próxima semana, reclama al Ejecutivo que atienda sin demora las peticiones realizadas por la Junta de Castilla y León. Estas peticiones incluyen el refuerzo de la red de transporte de electricidad en el marco de la planificación 2025-2030, la introducción de cambios normativos que promuevan el autoconsumo, y la convocatoria de concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte que actualmente se encuentran bloqueados en la Comunidad.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue contundente al señalar la causa del problema. "La ausencia de inversiones en infraestructuras eléctricas es la causa que no se pueda conceder suministro a los planes de inversión. Sánchez quiere paralizar la actividad en nuestra comunidad", declaró García.
La dirigente popular advirtió que la red de distribución eléctrica de Castilla y León se encuentra en una situación crítica, con un 83,4 por ciento de los nudos saturados. Esta situación de colapso está impidiendo de facto la conexión de nueva demanda eléctrica en la mayor parte del territorio autonómico. Ante este escenario, Alicia García exige un marco regulatorio que permita realizar más inversiones urgentes, una demanda que también ha sido respaldada por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica.
La moción del PP recordó que el Gobierno aprobó un Real Decreto el 12 de septiembre de 2025 para regular los planes de inversión en redes eléctricas. Sin embargo, este decreto limita la inversión en la actividad de distribución, a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió que el Ejecutivo ya había comprometido una distribución de 1.540 millones de euros al año entre 2026 y 2030, además de existir un tope de inversión que restringe al 0,13 por ciento del PIB el importe destinado a la red de distribución.
Frente a esta regulación restrictiva, la dirigente popular puso el foco en las empresas de Castilla y León, que han manifestado en repetidas ocasiones que las condiciones actuales hacen inviable conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el enorme potencial de las energías renovables de la región. García afirmó con rotundidad que "el Gobierno frena el crecimiento económico y la competitividad de nuestra comunidad, que, curiosamente, es líder nacional de producción de energía renovable, pero la red de transporte no es suficiente".
En este contexto de parálisis, la popular alertó de las "terribles consecuencias" para la riqueza y el empleo que tiene la falta de suministro eléctrico. Actualmente, hay 15.000 millones de euros en inversión empresarial, que afectan a casi 50 proyectos industriales de gran calado, que se mantienen completamente en suspenso a la espera de una respuesta gubernamental.
