Las Cortes de Castilla y León inician la tramitación de la proposición de ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad, presentada por el Grupo Popular, con los primeros pasos de su admisión a trámite y la remisión a la Junta para que manifieste su criterio.
La iniciativa fue registrada el lunes, 9 de octubre, por el Grupo Popular después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, manifestara en el debate de política general, celebrado los días 3 y 4 de octubre, que de manera inmediata se iban a blindar los servicios públicos por ley.
En su reunión del pasado 11 de octubre la Mesa de las Cortes admitió a trámite la proposición de ley, ordenó su publicación y la remisión a la Junta de Castilla y León para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración así como su conformidad o no a la tramitación, si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio.
Una vez que la Junta responda, la proposición de ley estará lista para su inclusión como toma en consideración en el orden del día del pleno. El portavoz popular, Raúl de la Hoz, estimó, en su presentación, que puede estar aprobada en el plazo de dos meses.
El objeto de esta ley es garantizar al ciudadano la prestación en el territorio de la Comunidad de Castilla y León de los servicios autonómicos esenciales de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales, y garantizar que el acceso a éstos tenga lugar en condiciones de igualdad.
En uno de sus artículos, se recoge la frecuencia de la consulta asistencial sanitaria en los municipios en función de sus habitantes, desde los núcleos con menos de 50 habitantes, a la demanda, a los de más de 500 habitantes con consulta diaria de lunes a viernes.
En educación, se blinda por ley el mantenimiento de las unidades escolares de los colegios, mientras haya, al menos, tres alumnos. Además la supresión de las unidades escolares de los colegios no podrá acordarse hasta que no hayan transcurrido, al menos, dos cursos escolares sin actividad educativa por insuficiencia de alumnado.
En caso de plantearse la supresión de un servicio, ésta se elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla y León como una comunicación de la Junta de Castilla y León para su debate conforme a lo previsto en el Reglamento de dicha institución. A la vista del resultado, resultado la Junta decidirá, mediante acuerdo, sobre la supresión del centro o zona.
