La experiencia de 2022 y la tenue meteorología del invierno y la primavera presagiaban una temporada de incendios complicada. El sector forestal de Castilla y León se enfrentaba a una campaña de alto riesgo de incendios, adelantada por la Consejería de Medio Ambiente dados los precedentes, con complicaciones, pero con un amplio operativo de 4.715 personas, como consecuencia de los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social, en septiembre del año pasado. Pero, ahora, meses después, los datos constatan que el año ha sido bueno gracias a las lluvias de junio y septiembre, a la responsabilidad de la población y a la eficacia del propio operativo.
Como en años anteriores, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expuso el balance de temporada en noviembre en las Cortes, en donde puso de manifiesto que la superficie arbolada calcinada cayó más del 88 por ciento en Castilla y León, con un total de 795 hectáreas quemadas, en un año que resultó “excelente y excepcional” en la Comunidad en esta materia, al contrario que en los ejercicios precedentes, donde predominaron los grandes incendios forestales (GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas, y que en 2023 brillaron por su ausencia.
Se contabilizaron 923 incendios, frente a una media de 1.400 en el último decenio (un 34 por ciento menos), entre los que hay fuegos con actuación en otras autonomías, con una superficie forestal afectada de 3.700 hectáreas, frente a una media de en torno a 20.000.
A pesar de que los primeros meses del año el número de siniestros superaba la media de los mismos meses del decenio, a partir de junio, gracias precisamente a esas lluvias, se revirtió la tendencia, manteniéndose así en los meses sucesivos, muy por debajo de los habitual en los meses de junio a octubre. A su vez, las lluvias tempranas de septiembre (la precipitación acumulada superó el promedio mensual en un 106 por ciento) propiciaron que la vegetación no llegara a niveles de estrés hídrico muy elevados, con la consiguiente disminución en cuanto a la aparición de igniciones y su propagación. Sin embargo, fue el tercer verano más cálido desde 1913.
Además, los conatos, aquellos incendios que se quedan en solo una hectárea o menos, supusieron el 82 por ciento dada la “actuación rápida del operativo”, 14 puntos menos que la media del decenio. En cuanto a los niveles de protección, solo se declararon diez de nivel 1 y tres de 2, cuando la media son 30. Los tres más graves se han producido en San Bartolomé de Rueda (León) y Fornillos de Aliste (Zamora), ambos a finales de agosto (el segundo, por una colilla mal apagada), y en Arcos de Jalón (Soria), ya en septiembre.
Además, Castilla y León contará con un nuevo Infocal, tras salir a información pública este segundo semestre, y que considerará 690 municipios como de protección prioritaria frente a este tipo de catástrofes naturales, dado su índice de peligro alto, así como su relevante vulnerabilidad por interfaz urbano-forestal. También declarará por ley la época de peligro alto desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre.
A pesar del bondadoso año, en materia laboral han existido quejas por el operativo. Mientras miles de hectáreas ardían en marzo en Castellón, los profesionales advertían de que eso debía servir de aviso serio. Esto enfrentó a la Junta con la oposición y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USCAL, que salieron a la calle en varias ocasiones ante lo que consideraban “incumplimientos” de la Consejería.
Aire y cambio climático
Pero no solo el contexto de los incendios protagonizó el medio ambiente en la Comunidad, aunque sí lo encabezó. Así, la Junta se encontró con un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que tumbaba el Plan de Calidad del Aire autonómico. Suárez-Quiñones mostró su oposición a “la sentencia” y entendió que hay que hacer planes locales en lugares donde hace tiempo hubo superaciones de ozono y que ahora no los hay”, con lo que defendió una Estrategia de Calidad del Aire que engloba “numerosísimos aspectos”, y que parte de que “hace 15 años que no se supera ningún valor objetivo de ningún contaminante”, mientras que “las únicas que ha habido ha sido del ozono en unas zonas determinadas”.
También se conoció el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Castilla y León, una reivindicación histórica que iniciará su tramitación administrativa en enero tras un proceso interno de consultas. La norma, que ha recibido la urgencia del Consejo de Cuentas una vez aprobadas leyes análogas en el Estado y otras comunidades, permitirá aprovechar las oportunidades que supone este cambio de modelo para la economía, el empleo y la calidad de vida.
Agua
En materia de abastecimiento de agua, la Junta prosiguió con su plan de depuradoras, que en esta ocasión da un impulso de 125 millones de euros a la construcción de 250 infraestructuras de este tipo, de aguas residuales, para poblaciones de Castilla y León de 500 a 2.000 habitantes equivalentes. Igualmente, Gobierno regional, diputaciones y ayuntamientos menores de 500 habitantes equivalentes invertirán otros 128 millones en depuración de aguas hasta 2028, que beneficiará a más de 250.000 personas de municipios, aquellos de menos de medio millar de personas.
Por otro lado, la galopante sequía que ya engancha al menos los dos últimos años provocó episodios de restricciones de agua en numerosos municipios, en unos por el hallazgo de arsénico, como le ocurrió Toro (Zamora), o principios de año en Turégano (Segovia), por la bacteria ecoli.
Se trata de un problema de todos los veranos, pero que parece que cada año va a más. Las diputaciones provinciales abastecieron de agua en verano al menos a 160 núcleos de población de Castilla y León por restricciones de agua, las cuales están originadas por falta de caudal, contaminación o avería. El caso más llamativo y mediático fue el de aquellas localidades que se nutren del embalse de Almendra (Salamanca), donde las mancomunidades Cabeza de Horno y Sayagua prohibieron consumir de la red en 56 y 50 núcleos de Salamanca y Zamora, respectivamente.
Impulso a las redes de calor
La política de las redes de calor prosigue en la Comunidad, donde el Gobierno autonómico invierte hasta 130 millones hasta 2026 para impulsar tuberías comunitarias de calor para dotar de calefacción y agua caliente, ya que se instalarán más de 140 kilómetros de nuevas redes, al pasar de 12 a 25 para abastecer 30.000 viviendas y más de 350 de edificios públicos. Con los proyectos en marcha en Valladolid, Soria, Aranda de Duero, Burgos, León y Ponferrada se pasará de una potencia instalada de 65 a 215 megavatios.
Además, se destinan 300 millones en el próximo lustro para apoyar la descarbonización de las empresas de Castilla y León. Igualmente, Castilla y León presentó a lo largo del año 20 proyectos a la primera convocatoria del PERTE del ciclo del agua y solicitó más de 131 millones. Las iniciativas abarcan a más de 700 municipios que representan una población atendida que supera los 900.000 habitantes.
Fauna silvestre: el rey lobo
El lobo volvió a generar polémica en la Comunidad. Mejor dicho, nunca dejó de originarla con el sector ganadero. La Junta reforzó su postura de un control efectivo de la especie, contra la opinión ecologista y del Gobierno central. En este sentido, el Ejecutivo autonómico urgió en 2023 a la vicepresidenta Teresa Ribera que se alinee en la posición de “flexibilidad” de gestión del lobo que propone la Comisión Europea y defiende la anterior política de la Junta, derogada por orden ministerial en 2021, que “mantenía un control y equilibrio entre la especie, la ganadería y los territorios”. De hecho, la CE propuso esta misma semana al Consejo de la Unión Europea reducir el nivel de protección del lobo y clasificarlo como animal “protegido” y no como “estrictamente protegido”, tal y como se encuentra en estos momentos.
La historia del lobo en esta Comunidad, a pesar de ser histórica, parece que acaba de empezar de nuevo… Uno de los puntos en los que se encuentra la especie, aunque no donde es más problemática, es en la Cordillera Cantábrica. Allí convive con otro tipo de fauna silvestre, como el mítico y protegido oso pardo, que cuenta con un censo de 370 ejemplares (250 en la subpoblación occidental y 120 en la oriental). Una estima poblacional elaborada mediante técnicas genómicas sitúa el 53 por ciento de la población en Castilla y León, seguida de Asturias, con el 35 por ciento, Cantabria con el ocho y Galicia, con el tres por ciento.
Una visita del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al Centro de Valsemana (La Ercina, León), sirvió para poner de manifiesto el “hito histórico” de conseguir dos crías de urogallo por inseminación artificial en este espacio. El objetivo es poder contar con 20 machos y 50 hembras en cuatro años de esta especie en peligro grave de extinción.
Igualmente, se conoció que Castilla y León cuenta con 131 parejas águila imperial ibérica con una clara tendencia expansiva hacia el norte de la Comunidad y que el buitre negro consolida su población en la Comunidad con un máximo histórico de 661 parejas.
Medio Ambiente inició este año el proyecto de conservación del aguilucho cenizo y otras aves esteparias en Castilla y León, amenazadas por el impacto del cambio climático, según los ornitólogos, en la Meseta septentrional, la que representa a la mayor parte de Castilla y León, en referencia a especies tan simbólicas como el sisón o avutarda.
Por último, por su relevancia simbólica, en 2023 se conoció que la Consejería de Medio Ambiente prepara el camino para la reintroducción del lince ibérico en Castilla y León. Para ello, la Comunidad propondrá áreas que cumplan los requisitos de hábitat y de densidad alta de conejos para ejecutar los protocolos del grupo de trabajo nacional de la especie, y “siempre desde el dialogo y participación con la población local”.
